Brasil se prepara para unas elecciones municipales que se convertirán en un test que defina el nuevo mapa político del país tras la destitución de Dilma Rousseff, sustituida por Michel Temer en la Presidencia, en un clima enrarecido por los escándalos de corrupción.
Unos 144 millones de brasileños están llamados a las urnas el domingo día 2 para renovar sus alcaldías, aunque los analistas dan por descontado que en buena parte de las grandes capitales, en especial en Sao Paulo -el corazón financiero de Brasil- y Río de Janeiro, será necesario acudir a una segunda vuelta, el 30 de octubre.
Cerca de 475.000 candidatos de más de 35 partidos optan a alcaldías, vicealcaldías y concejalías en 5.568 municipios de todo el país, con excepción de la capital, Brasilia, que por su condición de distrito federal no tiene alcalde sino gobernador, y de la isla de Fernando de Noronha, que depende de la ciudad de Recife.
La convocatoria adquiere una especial relevancia porque será la primera cita de los brasileños con las urnas tras la destitución, el 31 de agosto, de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), por supuestas maniobras para maquillar las cuentas públicas.
Después de trece años en el poder, el PT acude a estas elecciones con el desafío de mantener su presencia en las grandes ciudades, aunque fuentes del partido admiten que la formación atraviesa por sus momentos más bajos y dan por perdidas ya plazas importantes como Sao Paulo, que actualmente controla con el alcalde Fernando Haddad.
Tras la destitución de Rousseff, el PT intenta cerrar filas para proteger a su líder, Luiz Inácio Lula da Silva, que apenas dos semanas antes de los comicios fue acusado de corrupción y lavado de dinero.
Lula, que reivindica su inocencia, atribuye las acusaciones a una operación contra el PT y contra él mismo para evitar que pueda concurrir a las elecciones presidenciales de 2018, después de haber sido jefe del Estado entre 2002 y 2010.
El cerco de la Justicia al PT se estrechó aún más esta semana, tras la detención del exministro de Hacienda y mano derecha de Lula y Rousseff durante años, Guido Mantega, acusado de pedir sobornos para financiar campañas electorales.
Aunque Mantega fue liberado horas después porque se encontraba en el hospital acompañando a su esposa en una cirugía de cáncer, el PT acusó el golpe.
Pero el Partido de los Trabajadores no es el único que tiene cuentas pendientes con la Justicia.
Eike Batista, el mismo empresario cuyo testimonio fue definitivo para hacer caer a Mantega, se refirió a la financiación ilegal de la campaña de 2010 que llevó a Rousseff a la Presidencia y a Michel Temer a la Vicepresidencia, lo que cual salpica también directamente al actual presidente de Brasil.
Además, el empresario involucró en los sobornos a un intermediario del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que lidera Temer.
Apenas unos días después de asumir, el pasado 30 de agosto, el propio Temer tuvo que sustituir a tres de sus ministros señalados por corrupción.
Precisamente la corrupción es la principal preocupación de los brasileños, según un reciente estudio de Latinbarómetro, seguida de la economía y el desempleo.
El descontento de los brasileños con sus políticos es tal que una encuesta realizada por el portal e-Ciudadanía, vinculado al Senado de Brasil, reveló que un 93 por ciento de más de 200.000 consultados apoyaba elecciones presidenciales anticipadas y sólo un 7 % se mostraba partidario de que Michel Temer concluya el actual mandato y se mantenga en el poder hasta enero de 2019.
Con información de EFE
