Una vez logrado el desarme de la principal guerrilla de Colombia, las FARC, ¿qué falta para la paz? El ELN, último grupo rebelde del país, y bandas criminales como el Clan del Golfo están ahora entre los principales escollos para la pacificación, según expertos.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado en 1964, mantiene desde febrero diálogos de paz con el gobierno, sin embargo, sigue siendo uno de los actores que más genera violencia en Colombia, donde la guerra interna de 53 años ha dejado unos 260.000 muertos y 60.000 desaparecidos.
Con unos 1.500 combatientes y varios miles de milicianos -según el gobierno- repartidos en una docena de departamentos, el ELN reivindica el secuestro, la extorsión, los atentados a infraestructuras y oleoductos, entre otros, como parte de la lucha insurgente.
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"El ELN sigue cometiendo atentados y secuestros, aunque a la par pide negociar un cese al fuego", dijo a la AFP el analista Frederic Massé.
Desde el inicio de las conversaciones, el líder de esta guerrilla guevarista, Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino", defendió la "urgencia de un cese al fuego bilateral", pero el gobierno de Juan Manuel Santos condiciona esa posibilidad a que el ELN abandone las prácticas hostiles.
"El ELN tiene que ser consciente de que si no declara pública y unilateralmente que el secuestro fue una equivocación y que es un arma proscrita en la lucha insurgente, ese proceso (de paz) no va a poder avanzar", agregó el experto Carlos Alfonso Velásquez.
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"Gabino" defiende la "privación de la libertad" a quienes "violen las normas de convivencia" en sus territorios, a delincuentes y como método de financiación. Recientemente dos periodistas holandeses fueron secuestrados por seis días, antes de ser liberados.
Las posturas de las partes han causado que las conversaciones se estanquen.
– Bandas criminales –
Aparte del ELN, Massé y Velásquez advierten que la violencia puede provenir principalmente de bandas criminales como el Clan del Golfo, con unos 1.500 miembros y conformado por exparamilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006, exguerrilleros y exmilitares.
"Ellos conocen técnicas armadas y tácticas, pero no tienen ningún tipo de causa política, sino sencillamente la lucha mediante la violencia. Entonces para aparentar que tienen algo de política persiguen líderes sociales o los matan. Ese es el factor de violencia de más cuidado en este momento", explicó Velásquez.
La ONU sostiene que 127 activistas fueron asesinados en 2016, la mayoría en territorios donde las FARC habían tenido presencia histórica, y responsabiliza de los crímenes a disidentes de esa guerrilla, posparamilitares, criminales comunes y al ELN.
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El gobierno ha lanzado dos grandes ofensivas para desmantelar esta banda, dedicada principalmente al narcotráfico y cuyo líder es Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, un exguerrillero y exparamilitar de 45 años.
En los primeros cinco meses del año, la Policía abatió a 52 cabecillas del clan y capturó a más de 1.300 de sus miembros.
Pese a la campaña contra el crimen, Massé advierte que el gran riesgo es que pese a los golpes recibidos este "grupo seguirá estructurado, porque no son (organizaciones) piramidales sino redes criminales armadas, que buscan pactar alianzas en las regiones remotas del país".
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El Clan del Golfo y otras grandes bandas son responsables del 70% de la cocaína que produce Colombia, un país donde el narcotráfico ha sido combustible del conflicto desde la década de 1980 y que es el mayor productor de esa droga, según la ONU.
– Disidencias e ilegalidad –
Otro escollo para la paz, son unos 400 disidentes de las FARC que rechazaron sumarse al acuerdo de paz firmado en noviembre.
Desde el 3 de mayo pasado tienen secuestrado a un funcionario de la ONU, a quien capturaron mientras trabajaba en un municipio del departamento Guaviare (suroeste), una de sus zonas de influencia.
Analistas, gobierno y FARC coinciden en que los disidentes tienen intereses económicos, principalmente narcotraficantes.
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Los expertos sostienen que es importante canalizar a los disidentes y garantizar la reinserción social de los excombatientes de las FARC para evitar que engrosen las bandas criminales.
"Más allá del número mismo de sus miembros, es la capacidad de esos grupos, tanto de las bandas criminales, del ELN como de disidentes de las FARC, de seguir financiándose (con actividades ilícitas) y de reclutar", indicó Massé.
Para el analista Ariel Ávila, en esta etapa de posconflicto, "el gran reto" es mitigar las economías ilegales: pues "230 municipios del país viven de la minería ilegal" y en la frontera con Venezuela "se lucra con el contrabando".
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"Con el acuerdo de paz se acaban las justificaciones políticas de la violencia, pero no quiere decir que se acabe la ilegalidad", zanjó.
Con información de AFP
