El Político.- La antigua fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz, expulsada y perseguida por el Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y refugiada en Colombia, ha puesto en manos de la CIA y de la Interpol un total de 56 archivos informáticos que desnudan la narco-corrupción chavista que ha llevado al país caribeño a sus más altos niveles de miseria.
Entre los documentos que la ex alto cargo del Gobierno de Maduro ha entregado para argumentar sus denuncias se encuentra uno que demuestra que una empresa vizcaína, Rabazven Holding, dirigida por dos ciudadanos venezolanos, Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, recibió comisiones de 38 millones de euros en una operación de venta de ocho buques militares de la empresa pública Navantia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su Ministerio de Defensa, entonces en manos de José Bono, llevó a cabo con la Administración de Hugo Chávez en 2005.
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El contrato se firmó al más alto nivel Caracas, con la presencia de José Bono y del entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.
Dirigentes del PSOE y altos cargos militares venezolanos se repartieron la comisión de 38 millones de euros que la empresa vasca Rebazve obtuvo por las ocho patrulleras que Rodríguez Zapatero vendió a Hugo Chávez en 2005
El expediente sobre este asunto que obra en poder de Luisa Ortega Díaz, y que ésta ha entregado a la CIA y a la Interpol, lleva por título “caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España, Evert García Plaza, Alto mando militar”. En el mismo se relata cómo el acuerdo firmado entre los dos gobiernos incluía la construcción de cuatro BVL -Buques de Vigilancia Litoral- con un coste total de 508,68 millones de euros, así como de cuatro POVZEE -Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva-, con un precio de 698,71 millones de euros. El coste total de la operación fue de 1.207,39 millones de euros. Pero en los documentos finales de la operación el precio aumentó de una forma crucual, ya que, al parecer, el Gobierno venezolano habría de acabar pagando 1.246 millones de euros, 38.600.000 euros más.
Este sobrecoste se debe a que en las fases finales de la operación de venta, y según la información de la que dispone la fiscal Luisa Ortega Díaz, se dio cabida a una gran empresa dedicada a la consultoría internacional, que habría de embolsarse el 3,5% del total del dinero del contrato. Se trataba de la compañía Rebazve Holding S.L., que está inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, y que está dirigida por dos venezolanos, Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides.
Juan Rafael Carvallo López es uno de los grandes empresarios “boliviarianos” de la época de Hugo Chávez, mientras que Pedro Enrique Malavé, el otro administrador de Rebazve Holding S.L., también es responsable de otra empresa española: Fashion Canary Islands.
Ya en 2010, se publicaron algunas informaciones sobre aquella desmesurada comisión, pero nadie dio explicaciones al respecto ni en Venezuela ni en España. La empresa pública Navantia solamente explicó que “Rebazven ha estado históricamente en las operaciones de venta en Venezuela”. En ese momento, un medio de comunicación preguntó por qué se usó un intermediario (la vizcaína Rebazven) que se embolsaba más de 38 millones en la operación si oficialmente la venta era un logro directo de Zapatero y Bono. La respuesta de los astilleros públicos señaló a la gestión de José Bono en Defensa: “pregunten en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato”. Ni José Bono ni José Luis Rodríguez Zapatero, que se habían presentado como los hacedores directos de la venta ante la opinión pública, jamás dieron ninguna explicación al respecto”.
