El Gran Volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros) sellado en 2010 entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción. La construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la Justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolano Diego Salazar y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares (176,5 millones de euros) de cinco compañías chinas. La red de Salazar escondió su botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Un banco que fue cerrado en 2015 por las autoridades de este pequeño Principado pirenaico por blanqueo de capitales.
Al gigantesco pastel de obra pública que ofrecía el Gran Volumen solo concurrían empresas chinas. Firmas que acudían a las licitaciones del Gobierno de Venezuela. El desarrollo se enmarcó en un plan concebido en 2007. Los dos países firmaron entonces el acuerdo Fondo de Cooperación Binacional. China otorgaba un préstamo a Venezuela a través del Banco de Desarrollo de China (BDC) y aportaba las dos terceras partes. El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fue el encargado de administrar los fondos. Un gran plan para modernizar Venezuela. Y una suculenta oportunidad para tipos como Salazar.
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Y es que Salazar no era un empresario más. El ejecutivo de los seguros es primo de Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y Petróleo del país sudamericano entre 2004 y 2012 y presidió Petróleos de Venezuela (PDVSA), la mayor compañía pública del país. Y la jueza andorrana Canòlic Mingorance acaba de desvelar que Salazar contactó con empresas chinas para facilitarles adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Se sirvió del primer secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Para ocultar sus beneficios, Tenorio creó una sociedad panameña, Phomphien Corporation, y abrió una cuenta en la BPA de Andorra.
Salazar fue detenido hace un año y se encuentra preso en Caracas.
El circuito Venezuela-China-Andorra funcionó a la perfección. Highland Assets, la sociedad tras la que se ocultaba Salazar y un colaborador, firmó un acuerdo con la compañía china Camc Engineering por el que la asesoraba en la obtención de los contratos millonarios que licitaba el Ministerio de Petróleo y Energía, especialmente de PDVSA y Corpoelec, en el marco de la ola de obras que se ofrecían en el Gran Volumen.
El contrato era confidencial hasta que cayó en manos de la juez Mingorance. La magistrada ha empleado el texto para sustentar parte de su acusación y procesar a Salazar por blanqueo de capitales. El documento establecía que si los chinos conseguían obras por valor de 176 millones de euros, Highland Assets recibiría un 10 por ciento neto del volumen de negocio de Camc Engineering. “Se trata de un contrato de resultados totalmente anormal en el sector de la consultoría, donde el hecho generador de la contraprestación no es la elaboración de informes ni la asistencia, sino resultar adjudicatario”, señala un reciente auto de la juez andorrana.
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