Este jueves la tolda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una propuesta de ley para sustituir a la polémica ley mordaza. Tras lograr que Podemos y los partidos nacionalistas apoyaran el martes una moción socialista para derogar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la principal formación de la oposición ha elaborado ya la propuesta que quiere que sirva de base para negociar un texto que sustituya al actual.
Permitir las manifestaciones en Congreso y Senado, prohibir las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, o acabar con las sanciones por fotografiar policías o parar un desahucio son algunas de las medidas que incluyen los socialistas en su texto.
El PSOE pone el foco en la eliminación de esos artículos de la norma, que recurrió en 2015 ante el Tribunal Constitucional. Para evitar un vacío legal, propone volver al texto vigente en 2011 y negociar con todos los grupos una nueva norma ampliada, consensuada y actualizada.
"El Gobierno puede hacer dos cosas: asumir que está en minoría y que la inmensa mayoría quiere derogar la Ley mordaza, o resistirse y perder una votación más, como está perdiendo muchas", ha dicho este jueves Antonio Hernando, portavoz socialista.
El PSOE apuesta porque "en los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Además, propone eliminar las modificaciones que la ley mordaza incluyó en la de extranjería para permitir las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla. También se eliminaría la posibilidad de sancionar a los participantes en manifestaciones; la sanción por manifestarse ante las Cámaras parlamentarias aunque no estén reunidas; las sanciones por utilizar imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin su consentimiento y la posibilidad de incautarse de estas imágenes; la consideración de infracción de la ocupación de la vía pública o de una vivienda o inmueble ajenos; los registros personales en lugares públicos; y otras previsiones, como la que considera infracción la falta de respeto o consideración a los miembros de las Fuerzas de Seguridad.
Esos cambios coinciden con los que ya pedía el PSOE en el recurso que presentó en 2015 ante el Constitucional, cuando impugnó los siguientes artículos: 20.2 (registros personales); 36.2 y 37.1 (castigan como perturbación grave de la seguridad los incidentes en manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas); 36.23 (considera falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos de la Policía); 37.7 (por afectar al derecho de reunión) y la disposición que legaliza por primera vez las llamadas “devoluciones en caliente” en la valla de Ceuta y Melilla.
Como novedades, el texto incluye sanciones por intrusión en infraestructuras o instalaciones de servicios básicos cuando produzcan interferencia grave; o por deslumbrar a conductores y provocar accidentes. También, que el Documento Nacional de Identidad (DNI) permita la identificación electrónica de su titular, así como la firma electrónica de documentos.
El Gobierno, abierto a negociar artículo a artículo
Este jueves, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha considerado una "barbaridad" que se haya pedido la derogación de la Ley, pero se ha mostrado abierto a negociar cambios en la norma "artículo a artículo". "Creo que eso ninguna persona sensata que piense bien lo que está diciendo lo puede plantear", ha añadido Nieto.
Si la iniciativa del PSOE lograra los apoyos suficientes sin contar con el visto bueno del Gobierno, el Ejecutivo tendría herramientas para retrasar su aplicación, pero no para impedirla. Así, si el Congreso aprobara el texto impulsado por el PSOE, el PP podría aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para devolverlo a la Cámara Baja. Allí podría aprobarse finalmente la norma, a la que en cualquier caso espera un largo proceso legislativo que probablemente dure más de un año.
Con información de El País
