La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico insistió hoy en que está a la espera de la opinión del nuevo gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, sobre sus recomendaciones y reiteró su disposición para lograr un presupuesto equilibrado y asegurar la financiación de los servicios esenciales del Gobierno.
En una carta a Roselló divulgada hoy, la junta indicó que espera la opinión del gobernador sobre las recomendaciones que hizo esta semana, entre ellas aumentar los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo.
También aconseja un aumento de la eficacia en la estructura gubernamental, una reducción del gasto sanitario y en la educación superior y una reforma del sistema de pensiones.
La junta planteó esta semana estas medidas al mostrar su disposición a ampliar el plazo para presentar el plan fiscal de la isla, establecido inicialmente para este 15 de enero, a cambio de ciertas condiciones y le presentó recomendaciones para llegar a un ahorro de unos 3.000 millones de dólares.
La junta se mostró de acuerdo esta semana en prolongar el plazo de entrega del plan fiscal hasta el 28 de febrero y extender hasta el 1 de mayo la fecha de vencimiento de la moratoria en la deuda, si el Gobierno no acepta más préstamos y desarrolla un plan de liquidez.
Roselló, que asumió el poder el pasado 2 de enero, dijo hoy, sin embargo, que su Administración coincide en puntos sobre la situación fiscal, pero que existen "claras diferencias" en cómo abordarla.
El gobernador afirmó que cualquier plan fiscal basado en "una reducción de la salud, el bienestar y el nivel de vida del pueblo de Puerto Rico" es, "por su propia naturaleza, inaceptable" y reiteró que la "única manera" de "resolver el problema económico" de la isla es con un "verdadero crecimiento económico".
Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda de más de 60.000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.
La ley Promesa, que establece la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, fue aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda.
Rosselló, del PNP, partido que apoya la anexión de la isla caribeña a EE.UU., ha dicho que la raíz del problema es que Puerto Rico es tratado por Washington como una colonia.
Con información de: EFE
