Nicolás Maduro se anda por las ramas. Consciente de la obligatoriedad de los acuerdos firmados en Barbados, el dictador venezolano cumple, pero a medias.
El Político
Tras un diciembre de liberaciones, que sacó de las mazmorras a varios prisioneros políticos, el tirano juega a la puerta giratoria.
En lo que va de mes, el fiscal general a su mando emitió órdenes de aprehensión contra civiles y militares.
A los primeros se les ha acusado de “traición a la patria”. En el caso de los segundos, se dice que urdían un complot para asesinar al “presidente obrero”.
Con su razia, Maduro, quien usurpa la Presidencia de Venezuela desde 2019, busca limpiar su camino.
El dictador, que podría representar al Gran Polo Patriótico en las presidenciales de este año, tiene un rechazo de 80% o más.
Con tal número como telón de fondo, el dirigente chavista quiere sacarse de encima a todo el que le haga sombra.
Por esa razón, este viernes, su sistema de justicia ratificó la inhabilitación contra María Corina Machado.
La lideresa, legítima representante de la oposición venezolana, quedó, salvo seña en contrario, impedida para ocupar y ejercer cargos públicos.
Junto a la de Machado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por la dictadura ratificó, además, la inhabilitación contra Henrique Capriles Radonsky.
En tal sentido, el ex gobernador y ex candidato presidencial no podrá presentarse como opción viable en los comicios de este 2024.
Ambas medidas, que al igual que los nuevos encarcelamientos entorpecen los acuerdos de Barbados, no son de extrañar.
Sondeos que miden la intención de voto indican que, en un contexto de elecciones limpias, María Corina Machado vencería a Maduro con hasta 40 puntos de ventaja.
Capriles Radonsky, por su parte, ya se ha medido con el dictador. Lo hizo en 2013, cuando Nicolás Maduro se convirtió en el heredero del fallecido Hugo Chávez.
Oposición a la medida
Pese a haberse deshecho de los rivales más fuertes, el chavismo ha intentado guardar las formas.
En tal sentido, se levantaron las inhabilitaciones políticas contra tres opositores de rango medio.
Richard Mardo, Leocenis García y Pablo Pérez resultaron beneficiados por sentencias de la Sala Político – Administrativa del TSJ que le es leal al régimen.
Hasta enero de 2016, Mardo se desempeñó como diputado de la Asamblea Nacional. A partir de entonces, su nombre no resonaba como lo hizo este viernes.
García, por su parte, funge como coordinador del partido ProCiudadanos. Su vida dentro de la política es posterior a su ejercicio como periodista.
De todos, Pablo Pérez es, quizá, el más aquilatado. El dirigente trabajó como gobernador entre los años 2008 y 2012.
Pérez estuvo a la cabeza del estado Zulia, una entidad que se localiza al occidente de Venezuela y que es reconocida por su riqueza petrolera.
Las habilitaciones son el argumento que presentará el régimen para afirmar que ha cumplido con su parte del trato.
En Barbados, el chavismo accedió a suspender las sanciones administrativas que conculcaban los derechos políticos de líderes opositores.
Este viernes lo hizo, pero de manera parcial. Ni Richard Mardo ni Leocenis García, ni Pablo Pérez son un riesgo para Nicolás Maduro.
Habilitarlos ha sido, en tal sentido, un saludo a la bandera y, a su vez, parte del traje a la medida que, desde 2018, confecciona la dictadura.
En aproximadamente un quinquenio, el régimen que gobierna Venezuela ha edificado una oposición a conveniencia.
Instrumentalizando el poder Judicial y mediante la creación de un Estado represor, el chavismo ha neutralizado rivales y ha conculcado partidos de oposición.
El resultado ha sido, como era de esperarse, la creación de un ecosistema de dirigentes que, pese a decirse adversarios, en realidad lavan la cara a la dictadura.
Créditos a Alejandro Linares Mendoza.
