La entrada del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, está franqueada por tres banderas. Una es la de Brasil. La otra es la de la alianza de Mercosur. Y la tercera, la verde, es la presidencial. Cuando el presiente se encuentra en el palacio, se alza. Y si no está, se deja a media asta. Estos días ocurre lo segundo. Dilma Rousseff fue depuesta del cargo de presidente el miércoles después de que el Senado así lo votase, con 61 votos a favor y 20 en contra, en un polémico proceso de impeachment. Se mudará de inmediato, probablemente al Estado de Porto Alegre, donde vive su hija; o quizá a Río de Janeiro, donde vive su madre. Y entonces, su vicepresidente, Michel Temer, ocupará la residencia presidencial.
Pero antes, el viernes, la expresidenta dio su primera rueda de prensa tras el fin de su impeachment. Volvió a defenderse de las acusaciones que habían facilitado su caída (resumiendo muy burdamente: que el año pasado maquilló detalles de las cuentas públicas). Comentó la sorpresa de que el voto en su impeachment le permitiese mantener sus derechos políticos y presentarse, si quisiera, a cargos públicos (exceptuando la presidencia). Y algo tal vez menos sorprendente: que sus partidos rivales (Partido del Movimiento Democrático Brasileño –PMDB–, el Partido de la Social Democracia Brasileña –PSDB–, Demócratas y el Partido Popular Socialista) le hayan pedido al Tribunal Supremo que suspendiese esa decisión.
Su exministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, también estuvo en la rueda de prensa y aseguró que recurrirá esa maniobra. “Es lo correcto”, afirmó. “Y porque hay un gran jurista llamado Michel Temer que dice que eso es el correcto”, ironizó en referencia al actual presidente y el libro que publicó este cuando enseñaba derecho en la universidad, Elementos del Derecho Constitucional. Es más, Carodozo leyó un fragmento del tomo en el que se habla que todo proceso de impeachment tiene dos penas –pérdida del poder e inhabilitación política–. Por eso es justo, argumentó, que ambas cosas se juzguen por separado.
La propia Rousseff admitió que le pareció “rarísimo” que se votara “por un lado una vez y por el contrario la siguiente”. Ella lo achaca a que muchos senadores estaban indecisos y recelosos. “El segundo voto [el de la inhabilitación política, 42 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones] es el de quienes consideran que yo no merecía un castigo. Son senadores indecisos que sufrieron presiones”. Y añadió que, a su entender, los votantes que le dieron la victoria en 2014 no apoyan al gobierno de Temer. “Me parece gravísimo que se vaya a ejecutar en los próximos años un programa que no ha sido elegido en las urnas. Se ha juzgado a la democracia a la vez que a mí, soy consciente de eso. Al igual que lo será, poco a poco, parte de la sociedad. Desgraciadamente, hemos perdido. Espero que, juntos, sepamos reconstruirla”.
Hay una idea en la sociedad brasileña de que, si ella puede preservar sus derechos políticos a pesar de haber sido hallada culpable de crímenes de responsabilidad, entonces el polémico expresidente del Parlamento, Eduardo Cunha, que dimitió recientemente entre escándalos de corrupción, podría verse beneficiado. “Eduardo Cunha tiene cuentas en el extranjero y recibía sobornos”, ha alegado la expresidenta “A mí me juzgan, a Eduardo Cunha no. Hasta las aves de la Alvorada saben que para mí la ley es una [del impeachment] y, para los senadores y diputados, otra [la Ley de la Ficha Limpia].” Rousseff está convencida de que la principal razón para que no acabara su mandato son las investigaciones del megacaso de corrupción Petrobras, que está pasando como un rodillo sobre las esferas de poder brasileñas y sacando todas sus irregularidades. Citó una grabación en concreto: una conversación telefónica entre un empresario y un senador, donde se insinuaba la necesidad de echar a Rousseff para “detener la sangría”
Mientras el país digiere los cambios de poder, Rousseff insiste en que tratará de anular su impeachment. Ha recurrido la decisión del Senado ante el Tribunal Supremo. Eduardo Cardozo presentará un segundo recurso tras haber detectado irregularidades en el proceso de votación. Por ejemplo, el que muchos senadores dijeran que no cambiarían de opinión fueran cuales fueran las pruebas de la defensa. O que no hubiera, a su parecer, causa justa para el impeachment. “Si no hay supuesto jurídico, no puede haber proceso político”, subrayó.
Casi a la hora de la comida de este viernes, circularon algunas cajas de cartón por la entrada del edificio. No eran muchas pero llamaron la atención de algunos cámaras. Los agentes guardaron las cajas rápidamente.
Con información de El País