Se reciben más de 3.500 solicitudes por semana, con Venezuela y Colombia a la cabeza, pero apenas uno por cada 20 solicitantes recibe algún tipo de protección
El Político
Récord europeo de solicitudes de asilo. España suma, por primera vez, más peticiones de refugio que cualquiera de los socios comunitarios, según los datos oficiales de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. La profunda crisis en Venezuela y la violencia que se extiende por varios países de Centroamérica y Colombia han disparado los números en los tres últimos años hasta las 118.000 solicitudes en 2019.
En el arranque de 2020, las cifras escalan hasta las 3.500 peticiones semanales. Pero solo el 5% de esas peticiones acaban siendo reconocidas: España está a la cola de Europa, con cifras parecidas a las de Hungría y muy lejos de la media de la Unión Europea (UE) (30%).
El drama de los viajes en patera copa los telediarios, pero otro fenómeno, más silencioso, llega a través de los aeropuertos y es uno de los principales desafíos migratorios de España: son los solicitantes de asilo, personas que buscan refugio tras huir de la violencia o de la persecución.
Llegan pidiendo asilo casi 4.000 personas por semana
En los despachos de las autoridades españolas se siguen con atención las estadísticas que llegan cada semana de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Las cifras provisionales reflejan una evolución de vértigo en España. En noviembre de 2019 se batieron récords con la llegada de más de 3.600 personas por semana. Y en el arranque de 2020, la tercera semana de enero registró más de 3.700 solicitudes.
Se abre así un escenario inédito. España no alcanzó cifras similares ni siquiera en 2015, cuando la guerra siria empujó de golpe hacia Europa a más de un millón de refugiados. Aquel año Alemania recibía casi 500.000 solicitudes de asilo; España no llegó a 15.000. El máximo histórico se alcanzó en 1993, en el contexto de la guerra de los Balcanes.
Cambios en las tendencias migratorias
Los cambios de las macro tendencias migratorias nunca tienen una sola explicación. El cóctel de factores que ha hecho que España lidere la recepción de potenciales refugiados comienza en el Mediterráneo, pero las causas hay que buscarlas también en las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a las caravanas de centroamericanos y, sobre todo, en relación con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Los acuerdos de la UE con Libia y Turquía para contener las rutas hacia Italia y Grecia han desplazado la presión migratoria hacia España. Pero han sido la crisis en Venezuela y la violencia de las pandillas en países como El Salvador y Honduras las que han llevado a decenas de miles de personas a pedir refugio en España, por los lazos históricos, culturales y lingüísticos con América Latina. “Hablar de asilo en España es hablar de Latinoamérica”, advierte Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora del instituto de investigación barcelonés CIDOB.
Venezolanos encabezan las solicitudes
Buena parte de los actuales solicitantes en España provienen de Venezuela (35%), Colombia (25%), Honduras (5,8%), Nicaragua (5%) y El Salvador (4%), un perfil muy diferente del de los sirios, afganos o iraquíes que llegan a Alemania, Grecia y Francia. “La mayor parte de los solicitantes de asilo en España no huye de una guerra en el sentido tradicional, sino que huye de violencias estructurales”, sostiene Garcés-Mascareñas.
“Es muy probable que el ritmo de solicitudes continúe así, teniendo en cuenta la situación en Venezuela, Colombia y Centroamérica”, prevé Sophie Muller, la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en España. Aunque el Defensor del Pueblo alerta desde hace seis años que hay que reforzar el sistema, estos números han cogido a España con el pie cambiado: la red de acogida y la gestión de expedientes era obsoleta y sigue siendo insuficiente.
“La Oficina de Asilo está en una situación lamentable”, reconoció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asumir el cargo en 2018. La Oficina, aunque reforzada, continúa al borde del colapso: resuelve los expedientes más rápido que nunca, pero cerró el año con 120.000 solicitudes pendientes. España, que ahora solo concede un 5% de las peticiones, se ha colocado a la cola de Europa, donde se otorgan de media el 30%. Ese 5% es similar a los números de Hungría, con un gobierno ultra abiertamente antiinmigración.
Casos que deberían ser reconocidos o rechazados en seis meses tardan año y medio en España. Las plazas de acogida que gestiona la Secretaría de Estado de Migraciones tampoco son suficientes. Decenas de familias estarían durmiendo en las calles de Madrid si no fuese por la solidaridad de párrocos, activistas y vecinos.
Salvavidas temporal
El embudo y la falta de alternativas para establecerse de forma legal en España han convertido el sistema de asilo en un salvavidas temporal para los extranjeros que no son reconocidos como refugiados. Mientras se gestionan los expedientes, los solicitantes no pueden ser expulsados y a los seis meses se les permite trabajar.
La reforma del modelo de atención a los refugiados es una prioridad de la UE. La negociación se juega en un tablero en el que el sentimiento antiinmigración se extiende en varios países. Los socios del norte exigen más control, mientras que los países de entrada (España, Italia y Grecia) piden solidaridad para repartirse el peso de la presión migratoria.
“La postura de España se basa en una responsabilidad razonable de los socios, no en el increíble desequilibrio actual, que deja toda la carga en manos de los países mediterráneos”, explican fuentes diplomáticas. Bruselas trabaja en un sistema de “solidaridad obligatoria” para que haya una recolocación de los refugiados entre una masa crítica de países, añaden fuentes comunitarias. Ese acuerdo no está cerca.
En paralelo, el nuevo modelo para gestionar la llegada de solicitantes de asilo será más duro para descartar y deportar más rápidamente a los llamados inmigrantes económicos. “En esta negociación, el gobierno español puede ejercer un papel de liderazgo estableciendo unos estándares de calidad y diseñando un procedimiento de asilo justo y ágil que permita determinar con rapidez quiénes necesitan protección internacional y quiénes no”, plantea Sophie Muller, la representante de Acnur en España.
En este pulso europeo entre el control de fronteras y la protección, España prepara su nueva ley de asilo. Fue a cuenta de esta ley, y del endurecimiento del discurso del ministro del Interior en materia migratoria, por lo que el PSOE y Podemos escenificaron las primeras tensiones en el Ejecutivo hace unos días. Las propuestas de Interior siguen la senda restrictiva de Europa. El texto proponía restringir el acceso al asilo a los extranjeros que estuvieran en centros de internamiento e incluye nuevos motivos para denegar solicitudes.
Dos años de permiso para los venezolanos
España solo otorga protección al 5% de los solicitantes de asilo. Es una tasa próxima a la de Hungría, donde se ha impuesto el discurso anti refugiados, y está muy lejos de la media europea del 30%. Ese número tan bajo se explica, por un lado, porque a la inmensa mayoría de los venezolanos que pide asilo les deniegan su solicitud por no cumplir los requisitos para convertirse en refugiados.
La negativa no les permite beneficiarse de los permisos permanentes para residir y trabajar en España y del sistema diseñado para ayudarles en su integración social y laboral, pero sí reciben un reconocimiento especial, que se niega a otras nacionalidades. El gobierno decidió hace un año conceder a los venezolanos que han visto denegadas sus solicitudes desde 2014 un permiso de residencia y trabajo de hasta dos años por razones humanitarias.
Esta autorización solo puede obtenerse formalizando una solicitud de asilo: esta fórmula elegida por el gobierno sirve para explicar el enorme aumento de peticiones de este colectivo en los últimos meses.
“Otro de los motivos es la mirada restrictiva de nuestras autoridades para conceder asilo a víctimas de las maras, procedentes principalmente de El Salvador y Honduras”, denuncia Estrella Galán, directora de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),. “Estos perfiles merecerían también algún tipo de protección”.
A la cola en las concesiones de asilo
España se ha situado en 2019 en la cola de los países comunitarios en reconocimiento de solicitudes de asilo. Apenas uno de cada 20 solicitantes, un 5% del total, recibió algún tipo de protección el año pasado, según la agencia estadística europea Eurostat.
El porcentaje es similar al de Hungría, un país que ha respondido a la llegada de refugiados con vallas. España, pese a todo, concede permisos de residencia a los venezolanos a los que deniega la protección.
Estos datos alejan a España de la media europea que se sitúa alrededor del 30% de respuestas favorables. El desplome de la tasa de reconocimiento española, que ya era una de las más bajas de la UE, está directamente relacionado con la llegada de miles de solicitantes venezolanos a los que, por no cumplir los requisitos para ser reconocidos como refugiados, se les deniega la protección. A pesar de descartar sus solicitudes, España sí les concede un permiso humanitario para que puedan vivir y trabajar de forma regular durante dos años.
España volvió a registrar un nuevo récord de peticiones en 2019. Y dado que más de un tercio de los 118.264 solicitantes de asilo llegados el año pasado eran de Venezuela, la Oficina de Asilo, con un volumen inédito de trabajo, decidió dar prioridad a sus expedientes para desatascar un sistema desbordado. Casi 40.000 venezolanos tuvieron sus solicitudes denegadas en 2019, pero se beneficiaron de este permiso humanitario.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que presentó este martes los datos, considera este reconocimiento humanitario “un claro avance respecto a periodos anteriores”, pero, en términos generales, cree que los números, que reflejan la política de asilo española, son negativos.
De un total de más de 60.000 resoluciones, solo se otorgó el estatuto de refugiado a 1.653 personas y se ofrecieron 1.503 protecciones subsidiarias, los dos tipos de protección que contempla la Convención de Ginebra para los refugiados.
La importante llegada de solicitantes de asilo durante el año pasado, la mayoría latinoamericanos, ha desbordado el sistema. La Oficina de Asilo, que depende del Ministerio del Interior, aún tiene acumulados 133.000 expedientes por resolver y la red nacional de acogida ha llegado al límite. Las escenas de familias enteras con niños durmiendo en las calles de Madrid por falta de plazas se han repetido, sobre todo, durante los últimos meses del año pasado.
(Con información de El País)
