El Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno acordaron prohibir los cortes de luz por pobreza energética de las familias vulnerables a cambio de su apoyo a la reforma del bono social, tarifa subvencionada (descuento del 25%) que se aplica a cerca de 2,5 millones de consumidores con bajos ingresos -desde jubilados con la pensión mínima a familias con todos sus miembros en paro- y sufragan las compañías eléctricas.
Podemos se queda fuera del pacto, pese a que combatir la pobreza energética era una de sus banderas, mientras Ciudadanos sí ha realizado aportaciones. El ministro de Energía, Álvaro Nadal (PP), ha accedido a la modificación de la ley del sector eléctrico, en la que figurará de forma expresa la prohibición de la interrupción eléctrica a las familias que cumplan los requisitos.
Para encontrar el encaje dentro de la ley del sector eléctrico se modificará el artículo 52 de la legislación, estableciendo la imposibilidad de interrumpir el suministro eléctrico a las familias que están declaradas como vulnerables. Se aplicará en función de la renta —no se especifica— y durante todo el año, no solo en los meses de invierno.
"Es una reforma estructural y es el principio del fin de la pobreza energética", ha valorado el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando. El Ministerio de Energía se ha comprometido a que haya una regulación en un plazo de tres meses. Al PSOE le gustaría extender el acuerdo más adelante a aquellos ciudadanos que tienen problemas para pagar la factura del gas.
El acuerdo se concretará a través de un real decreto ley que el gobierno aprobará en el Consejo de Ministros este viernes o a más tardar en el de la próxima semana. Una vez que la ley del sector eléctrico recoja ese nuevo punto (artículo 52.4J) se desarrollará toda la reglamentación para ver cómo las comunidades autónomas activan este protocolo junto a las eléctricas y los Ayuntamientos.
La Conferencia de Presidentes prevista para mediados de enero también abordará el pacto contra la pobreza energética entre PP y PSOE. Nadal ha apelado a la "generosidad" de ayuntamientos y autonomías para que duplicasen sus recursos para asumir las facturas de los afectados que no pueden abonarlas.
"Lo importante para nosotros es que la pobreza energética tiene que estar regulada a nivel estatal. Tiene que haber una regulación en la que el Estado haga ese impedimento de los cortes de luz mediante su incorporación dentro de la ley sectorial", ha destacado Pilar Lucio, portavoz socialista de Energía.
La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha acusado a ambos partidos de ejercer un "bipartidismo rancio" después de la escenificación del acuerdo y de que Nadal afirmara que ningún otro partido había respondido a sus propuestas desde el pasado 2 de diciembre. La portavoz de Energía de Ciudadanos se atribuyó el mérito del pacto y señaló que su partido había remitido el día anterior un documento tal y como habían quedado en su última reunión la semana pasada.
El Tribunal Supremo anuló el pasado mes de octubre el bono social, obligando a indemnizar a las eléctricas. El fallo considera que esta tarifa subvencionada para los más desfavorecidos no la tienen que costear las empresas. A raíz de la sentencia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe sacar adelante antes de acabar el año un decreto ley con el nuevo sistema de financiación. "Hemos logrado un acuerdo pronto, quería que fuese antes del 31 de diciembre para dar garantía al bono social y ha sido así", ha reconocido Nadal. El PSOE ha aprovechado por tanto la ocasión para "decretar una tregua social en materia de energía", ha incidido Hernando.
Una anciana de Reus (Tarragona) que tenía la luz cortada falleció en noviembre en el incendio ocasionado por una vela en su vivienda. "Vamos a hacer valer la fuerza de nuestros 84 diputados para llegar a acuerdos que sean beneficiosos para los ciudadanos y para derogar las leyes más perjudiciales del PP. Estamos aquí para hacer oposición útil", ha señalado Hernando.
Con información de El País
