El despliegue militar en la frontera sur de Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos tras la decisión del Pentágono de enviar un nuevo contingente de 1.115 efectivos, elevando el total de tropas estadounidenses en la zona limítrofe con México a cerca de 10.000 soldados. Esta medida, impulsada por la administración de Donald Trump, busca frenar la inmigración irregular y el narcotráfico, considerados amenazas directas a la seguridad nacional.
Áreas bajo control militar y nuevos protocolos
El 2 de mayo, el Ejército estadounidense anunció la creación del Área de Defensa Aérea de Texas, una franja de 100 kilómetros en la frontera, que ahora forma parte de la base militar de Fort Bliss.
Esta zona se suma a otras áreas de defensa nacional en Nuevo México y Texas, donde el Ejército opera con amplias facultades bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). En estas áreas, cualquier persona que ingrese sin autorización puede ser detenida por las fuerzas armadas y entregada a las agencias civiles de policía.
El Departamento de Defensa también ha tomado el control de una franja de 18 metros de ancho a lo largo de tierras de California, Nuevo México y Arizona, reforzando la presencia militar en puntos estratégicos.
Esta transferencia de tierras federales al control militar es la mayor hasta la fecha y permite a las tropas realizar tareas de seguridad y detención, eludiendo así restricciones legales previas sobre el uso del Ejército en funciones policiales dentro del país.
El operativo incluye una Brigada de Combate equipada con más de 200 vehículos blindados Stryker, helicópteros UH-60 Black Hawk y CH-47 Chinook, así como patrullaje marítimo a cargo de los destructores USS Spruance y USS Gravely, que vigilan las costas del Pacífico y el Golfo de México. La Guardia Costera también participa en labores de intercepción de cruces ilegales por vía marítima.
Reacciones y contexto binacional
La instalación de vehículos blindados y la presencia masiva de tropas han generado alarma entre migrantes y defensores de derechos humanos en ciudades fronterizas mexicanas como Ciudad Juárez, donde se percibe la medida como un mensaje de intimidación. Líderes comunitarios y organizaciones civiles advierten sobre el impacto psicológico y el aumento del temor entre quienes buscan asilo o migran por necesidad.
Por su parte, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha expresado su preocupación mediante una nota diplomática enviada a Washington, en la que exige respeto a la soberanía nacional y solicita que las tropas estadounidenses no crucen a territorio mexicano. México también ha reforzado su frontera norte con el despliegue de 10.000 soldados propios, como parte de un acuerdo bilateral de seguridad.
Resultados y perspectivas
Según cifras oficiales, el despliegue militar ha coincidido con una reducción significativa de los cruces ilegales, registrándose en marzo solo 7.180 cruces, muy por debajo del promedio mensual de los últimos años4. Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre la legalidad de las nuevas áreas bajo control militar y el respeto a los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo.
En síntesis, la frontera sur de Estados Unidos vive un momento sin precedentes en términos de militarización y control territorial, con la creación de nuevas áreas de defensa nacional, un despliegue masivo de tropas y equipamiento, y una compleja dinámica de cooperación y tensión con México.
