El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a los principales líderes del Tren de Aragua, la temida organización criminal de origen venezolano, por su implicación en una extensa red de actividades ilícitas que abarca desde el narcotráfico y la trata de personas hasta el lavado de dinero y el terrorismo.
Según las autoridades estadounidenses, el grupo ha consolidado su influencia más allá de las fronteras venezolanas, intensificando la preocupación internacional sobre la expansión de redes criminales en el continente americano.
¿Quiénes son los sancionados?
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Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias «Niño Guerrero»): principal cabecilla de la banda y figura central en la transformación del Tren de Aragua. Guerrero Flores ha liderado la organización por más de veinte años, evolucionando el grupo desde una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno dentro de prisiones venezolanas hacia una vasta red criminal multinacional. Su liderazgo ha sido clave para expandir las actividades del Tren de Aragua en países como Colombia, Perú, Brasil y Chile, involucrándose en delitos de alto impacto como secuestros, tráfico de armas y homicidios selectivos.
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Yohan José Romero (alias «Johan Petrica»): cofundador y uno de los lugartenientes de mayor confianza de Guerrero. Romero desempeña un papel estratégico, supervisando las operaciones de minería ilegal que financian parte de las actividades delictivas del grupo. Además, es responsable del suministro y tráfico de armas de uso militar, empleadas tanto para afianzar el control territorial en Venezuela como para confrontar a otras facciones criminales, incluyendo grupos armados colombianos. Su accionar ha fortalecido la capacidad bélica y operativa de la banda.
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Josué Ángel Santana Peña (alias «Santanita»): miembro histórico del Tren de Aragua, ha escalado posiciones hasta convertirse en uno de sus líderes más temidos. Santana Peña está relacionado con una amplia gama de actividades violentas, incluyendo homicidios, extorsión a empresarios y comerciantes, atentados con explosivos y actos de terrorismo dentro y fuera de Venezuela. Las investigaciones internacionales lo acusan también de liderar redes de robo organizado y ataques a infraestructuras públicas.
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Wilmer José Pérez Castillo (alias «Wilmer Guayabal»): teniente de Niño Guerrero y dirigente de una célula dedicada especialmente al narcotráfico y al cobro de sobornos en el territorio venezolano. Su facción opera corredores clave para el traslado de sustancias ilícitas y blanqueo de capitales, y coordina redes logísticas para el movimiento de narcóticos hacia países vecinos.
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Wendy Marbelys Ríos Gómez: esposa de Niño Guerrero, señalada como parte fundamental en la arquitectura financiera del grupo. Está acusada de participar activamente en el lavado de dinero, ocultando ganancias derivadas del crimen organizado en inmuebles, empresas pantalla y cuentas bancarias en el extranjero. Además, las autoridades la involucran en operaciones vinculadas al financiamiento del terrorismo y al manejo de recursos para evadir controles fiscales.
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Félix Anner Castillo Rondón (alias “Puro Arnel”): referente de la célula “Los Gallegos”, brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. Bajo su mando, “Los Gallegos” ha impulsado una serie de actividades ilícitas -como homicidios, trata de personas, explotación sexual de mujeres migrantes, narcotráfico y lavado de dinero-, generando alarma en las autoridades chilenas y consolidando la presencia de la organización venezolana en el Cono Sur.
Contexto y alcance de las sanciones
Las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro permiten congelar los activos bajo jurisdicción estadounidense de los involucrados y prohíben toda transacción financiera con ellos. Las autoridades recalcaron la peligrosa expansión del Tren de Aragua, que ha dejado de ser un fenómeno local venezolano para convertirse en una amenaza transnacional, con presencia documentada en al menos seis países del continente.
Estas medidas forman parte de los esfuerzos de Estados Unidos y gobiernos sudamericanos para debilitar la estructura financiera y operativa de una de las organizaciones criminales de mayor perfil en la región.
Además de limitar su acceso a fondos y recursos, las sanciones buscan aislarlos internacionalmente y fomentar la cooperación policial y judicial entre países para arrestar a sus líderes y desmantelar sus redes.
La acción del Tesoro subraya la preocupación por la imbricación del crimen organizado con la corrupción, la violencia y el tráfico de personas, delitos con graves repercusiones sociales y económicas para América Latina y los Estados Unidos.
