La noche del 26 de septiembre de 2014, la vida de más de 50 familias del poblado rural de Ayotzinapa en Iguala, (Guerrero, en México) cambió radicalmente luego que 50 jóvenes salieron a protestar en contra de la presentación del informe de gestión del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María Pineda. Hoy, casi dos años después de ese fatídico día, sólo seis cuerpos se han reconocido, 43 aún permanecen desaparecidos. Las dudas y las incertidumbre de los familiares, siguen intactas.
Maryann H. León / El Político
Un joven logró huir y contar lo que sucedió. Los estudiantes que iban en una protesta pacífica en contra de la gestión del alcalde, fueron detenidos por los órganos de seguridad y trasladados hasta un sitio desconocido, los amarraron, les vendaron los ojos y empezaron a rociarles un líquido, era gasolina. Uno logró huir en un descuido, se escondió, corrió y cuando por fin estuvo bajo resguardo, se comunicó con familiares y les contó lo sucedido.
LEER MÁS: Estudiantes de Ayotzinapa fueron brutalmente torturados y asesinados
Desde ese momento, familiares de los estudiantes desaparecidos iniciaron una una búsqueda implacable que solo ha arrojado la localización de 6 cadáveres, sobre los 43 desaparecidos, Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes, aseguró a medios locales "vivos se los llevaron y vivos los queremos".
Los familiares han hecho hasta lo impensable, han trancado autopistas, se han amarrado en la Gobernación de Guerrero, han conversado con Papa Francisco, cuando estuvo en México, han contratado investigadores privados y hasta la fecha, casi dos años de aquella noche, aún sus hijos están desaparecidos.
Autores intelectuales
El 23 de octubre de 2014, dos meses después del hecho, el Procurador General de México, Jesús Murillo Karam, dio una rueda de prensa en donde confirmó efectivamente, que los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes eran el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes un mes después fueron detenidos.
Según el Procurador, ambos trabajaron directamente con el grupo Guerreros Unidos y María Pineda era la "principal operadora" de la organización criminal en Iguala.
Ese día de septiembre, según contó el Procurador, en el Centro de Control de Iguala arribaron los estudiantes de Ayotzinapa y algunas otras personas "El encargado del centro de control de Iguala declara que la orden de enfrentar a las personas viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala".
Persecución contra los estudiantes
"Entre ambas policías bloquean la carretera y evitan el desplazamiento de los autobuses en los que se movían los estudiantes. En este primer incidente un policía municipal priva de la vida con arma de fuego a uno de los normalistas", explicó el Procurador quien añadió que algunos de los jóvenes logran escapar.
La confusión del momento fue tal que, tanto los policías como los sicarios de los Guerreros Unidos, se confunden y atacan el autobús en el que se transportaban los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, dejando el lamentable saldo de dos muertos: un futbolista y el conductor del bus.
En ese momento, el Procurador presentó parte de la investigación criminal en donde reveló que los estudiantes fueron entregados a un grupo de rebeldes mexicanos de Guerreros Unidos, quienes fueron los responsables del asesinato. Treinta cuerpor fueron hallados en 9 fosas comunes que se localizaron en el sector Pueblo Viejo, ubicado a 20 minutos de Iguala, en la frontera de Cocula.
Luego de que tres expertos, dos del Gobierno y uno correspondiente a investigadores privados pagados por los familiares de los estudiantes, realizaran las pruebas correspondientes, se determinó que de los cuerpos hallados no corresponden a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Procuraduría y una nueva tesis
En noviembre de 2014, nuevamente el procurador de México, tratando de calmar los ánimos que estaban muy caldeados por esta desaparición reveló en el hangar del aeropuerto de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero: “Tengo tres detenidos”, dijo Murillo Karam a los afligidos padres. “La información que me dan realmente no es tan buena noticia”.
El procurador ofreció una horrenda narrativa: después de ser detenidos por la policía municipal el 26 de septiembre en Iguala, los jóvenes fueron entregados a un grupo de criminales, luego fueron masacrados, quemados, reducidos a cenizas y lanzados en un río.
La policía de Iguala detuvo a los estudiantes, y en conjunto con la policía del cercano pueblo de Cocula, transfirieron alrededor de 43 estudiantes a una zona conocida como “Loma de Coyote”. Investigadores federales dijeron que los estudiantes fueron entonces entregados a miembros de una banda criminal conocida como “Guerreros Unidos”.
Investigación periodista
La mayoría de los estudiantes, supuestamente, fueron colocados uno sobre otro en la parte trasera de una camioneta Ford con una jaula sellada sobre su base. Otros cuantos fueron puestos en una camioneta más pequeña. Ambos vehículos se encaminaron en la oscuridad hacia un basurero poco utilizado al final de un camino empedrado a unos siete kilómetros fuera de Cocula. Según las versiones, los jóvenes que se ubicaban al tope de la pila estaban vivos cuando llegaron al lugar, pero más de una docena de los situados abajo se habían sofocado bajo el peso de sus compañeros.
La mañana de este lunes 15 de agosto, la historia de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa dio un giro, ya que un periodista mexicano reveló en su libro, que el Ejército de ese país son los principales sospechosos de la desaparición de los 43 estudiantes.
Francisco Cruz, en el texto titulado: "La Guerra que nos ocultan", de editorial Planeta, contó que tal como han solicitado los familiares de los estudiantes, el Batallón 27 de Infantería del Ejército de México, que tiene un puesto en el asentamiento sureño de Guerrero, han confabulado para silenciar estas muertes.
"Hay una confabulación manejada desde el Ejército pero planteada desde el Estado", reveló Cruz, quien además señaló que esa exigencia planteada por los familiares es un "saco roto".
LEER MÁS: México: Caso Iguala habría contado con la complicidad del Ejército
Cruz reveló que el Centro de Control de Iguala era manejado por militares encubiertos . Que el operativo contra los estudiantes no fue un hecho aislado, sino que había sido bien planificado. y en él "habían encapuchados que no sabemos si eran policías, si eran narcos o si eran militares, pero eran dirigidos por una persona y se movían como militares".
Dar una lección
La tragedia de los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa no fue fruto de trágicas circunstancias, sino que se planificó de antemano y buscaba amedrentar a los movimientos sociales y dar vía libre al narcotráfico, que trabaja de la mano de las mineras, sostienen.
En este contexto, Cruz recordó que Ayotzinapa es "un símbolo" de resistencia, y darle una lección sirvió de mensaje para otros activistas en un país que suma "más de 400 líderes (sociales) muertos".
LEER MÁS: EEUU preocupado por “crisis de derechos humanos” en México
Desde su punto de vista, en lugares como Guerrero, Oaxaca, Chiapas o el Estado de México, es inevitable la colaboración entre narco y minería, pues ambos usan el territorio ya sea para explotar yacimientos o para sembrar amapola o marihuana, por lo cual esas localidades son usadas por los narcos para realizar sus fechorías por lo que Cruz tampoco descarta que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sea un hecho que en donde estén vinculados, tantas personas tanto del Gobierno como de grupos irregulares.
Brutal tortura
De los seis cadáveres identificados, Julio César Mondragón, uno de los tres estudiantes de Ayotzinapa que fallecieron en septiembre de 2014 –noche en que desaparecieron los 43 normalistas-, no murió por un disparo, sino por golpes, y no fue desollado, sino que parte de su rostro fue comido por animales, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.
En un informe sobre el caso Iguala, la CNDH detalla que Mondragón fue “denigrado, afectado en su seguridad personal, privado de la libertad, ostensiblemente dañado en su integridad física y privado del derecho a la vida”.
“Desde el punto de vista criminalístico, considerando la posición en que se encontraron las ropas que vestía y la disposición de las lesiones en todo su cuerpo, es evidente que Julio César Mondragón Fontes realizó maniobras de defensa, lucha y forcejeo contra sus victimarios, durante la sujeción, sometimiento y agresión”, dice la investigación de la CNDH.
El organismo agrega que al menos 11 personas golpearon al estudiante. Su cuerpo presentó 64 fracturas en 40 huesos de cráneo, cara, tórax y columna vertebral. El análisis arroja que el joven falleció por traumatismo craneoencefálico, entre las 00:45 y 02:45 horas del 27 de septiembre de 2014.
“Julio César Mondragón Fontes fue torturado y asesinado brutalmente”, dice la CNDH, quien agregó que realizó más observaciones a la Fiscalía de Guerrero y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Familiares claman respuestas
Lejos de ser un incidente aislado, la desaparición de 43 jóvenes en una noche de violencia fue única por la atención recibida en los medios. La historia de los estudiantes es simbólica de la crisis en México de desapariciones no resueltos, fosas clandestinas y la integración del crimen organizado en los cuerpos policiacos y la política.
Según la madre de uno de los estudiantes desaparecidos: “Es la policía disfrazada de narcotráfico …Todo es uno solo”.
Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres de familia de los 43 estudiantes, anunció que se prepara otra movilización para el próximo viernes 26 de agosto, fecha en que se cumplen 23 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas.
Anunció también que hasta tanto sus familiares no aparezca, vivos o muertos, "nosotros seguiremos luchando contra esta desaparición".
