Augusto Barrera, exalcalde de Quito, señaló —mediante un comunicado que colgó en la red social de Twitter— que la responsabilidad contractual de la fase 2 del Metro de Quito es de la administración del actual alcalde, Mauricio Rodas.
Comentó que decidió detener el proceso de recepción de las ofertas, de selección, negociación, adjudicación y firma del contrato para la obra y permitir que sea la administración entrante la que ejecute todo el proceso contractual.
El exburgomaestre se refiere al caso luego de la revelación de una presunta red de corrupción de la empresa Odebrecht en varios países de América Latina, entre ellos Ecuador. La empresa brasileña ejecuta la fase II del Metro para la capital.
Según Barrera, la decisión de que el proceso contractual realice la administración entrante fue tomada en febrero de 2014 e hizo parte del proceso de transición con la Alcaldía entrante "que reconoció y agradeció esta decisión".
Barrera señala que en reiteradas ocasiones ha expresado alerta sobre el monto final de adjudicación del contrato de la Fase II del Metro, que supera en casi 500 millones el precio referencial de la licitación. "Este incremento de valor corresponde fundamentalmente al incremento de los costos indirectos (administración, ganancia y riesgo) que en la base de la licitación representaban el 20% del monto y terminó firmándose prácticamente al doble", afirmó.
A su criterio, el Municipio no ejerció su obligación de establecer una negociación y por el contrario aceptó "una ridícula ‘rebaja’ eliminando las subestaciones eléctricas y el sistema de recaudo".
Agregó que desde los propios funcionarios y autoridades políticas se generó un clima de incertidumbre, se extendieron los plazos e incluso se modificaron las técnicas constructivas. "Aspectos todos que son de absoluta responsabilidad de la administración actual".
El excalde de Quito hace un llamado a todas las instituciones pertinentes, nacionales e internacionales, para que se solicite y entregue toda la información y "se desarrolle el proceso que permita establecer responsabilidades de ser el caso, de los implicados, sea quien sea".
Termina el comunicado señalando que este caso podría ser la "oportunidad para investigar, establecer y castigar este tipo de actos ilícitos que ponen en tela de duda el accionar público y comprometido de quienes hemos actuado desde la convicción, con profunda ética y honestidad en la administración pública. Sería perverso e inadmisible que este sea el típico caso en el que pagan justos por pecadores".
Con información de El Telégrafo
