El exfuncionario guatemalteco Allan Marroquín, vinculado a un caso de corrupción en el que están implicadas una docena personas, entre ellas el expresidente Otto Pérez Molina, fue arrestado hoy en Estados Unidos, informaron hoy fuentes oficiales en el país centroamericano.
Fuentes oficiales confirmaron a Efe la detención, aunque puntualizaron que la Interpol aún no ha enviado una notificación oficial.
Marroquín, sobre quien pesaba una orden de extradición desde mayo, fue interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y es acusado de ser uno de los negociadores del usufructo para un periodo de 25 años de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), dirigida por el español Juan José Suárez, ya en prisión preventiva por este caso.
Por esta trama aún continúan prófugos el argentino Mauricio José Garín, el español Ángel Pérez-Maura García, y William Anthony Schwank López, Guillermo Abraham Lozano Bauer y Raúl Osoy.
El portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Diego Álvarez, dijo a una emisora local que los detalles sobre esta captura aún no están claros, pero se sospecha que Marroquín fue detenido en Miami y será extraditado a Guatemala este miércoles o jueves.
Marroquín está implicado en la trama de corrupción TCQ por las obras de ampliación de Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, red supuestamente liderada por el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.
Pérez Molina y Baldetti exigían el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para la adjudicación del proyecto, de los que 24,5 estaban destinados a los socios locales (entre ellos los dos exfuncionarios), cinco millones a unos socios argentinos y 500.000 dólares para gastos.
La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
APM Terminals es dueña del 85 % de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, mientras que el otro 15 % es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.
La firma holandesa pagó en septiembre 32,7 millones de dólares correspondientes a una multa total de 43,2, aunque estos fondos no estarán disponibles hasta que el Congreso apruebe el convenio que se negoció con la empresa tras la desarticulación de la trama.
El usufructo será reemplazado, a través de una iniciativa de ley, para permitir que EPQ pueda otorgar una concesión directa a TCQ, pero el Congreso de Guatemala, de quien dependía la aprobación final de todos estos puntos, aún no lo ha conocido en pleno.
Con información de: EFE
