El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, enfrenta cargos por presuntos actos de corrupción. Un juez ordenó procesarlo únicamente por ejercicio indebido de funciones, pese a que las autoridades le imputaban tres delitos. La Fiscalía Anticorrupción no pudo acreditar los otros dos ilícitos de peculado y daño al patrimonio del Estado. Desde que el actual mandatario Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, estaba en campaña prometió investigar a Medina y sus colaboradores por presuntos irregularidades. Una vez que ganó la elección anunció que una de sus primeras acciones sería realizar una auditoría de la administración saliente. “Nos dejaron la casa sucia e hipotecada, las columnas derruidas, por el delirio de los que se creyeron reyes y no gobernantes”, dijo en octubre pasado al tomar protesta como el primer gobernador independiente del país.
En diciembre de 2015 el actual mandatario creó la Fiscalía Anticorrupción para investigar el mal manejo de recursos públicos y el presunto daño patrimonial cometido por diversos servidores públicos al mando de su antecesor. A principios de junio la Fiscalía anunció el embargo precautorio de los bienes del exgobernador Medina y nueve exfuncionarios de su administración. Además los inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 10 años en el gobierno estatal.
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Jaime Rodríguez ha acusado a Medina de haber dejado una deuda de casi 90.000 millones de pesos (unos 5.000 millones de dólares). La Fiscalía anticorrupción anunció en junio pasado que investigaba un presunto desvío de 2.300 millones de pesos (127,7 millones de dólares) que se destinó a obras que nunca se realizaron, o que fueron liquidadas y no se concluyeron. También encontró irregularidades en 117 contratos públicos y señaló que indagaba a un exmandatario (sin decir nombre) que realizó 32 viajes gratis con su familia a Estados Unidos en un avión privado que era propiedad de un constructor favorecido con obras estatales.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía sólo consiguieron que la autoridad judicial le imputara el delito de ejercicio indebido de funciones. El juez de control, Jaime Garza Castañeda concluyó que el exmandatario actuó dolosamente y tenía conocimiento de que incurría en un delito. Según el ministerio público que formuló las acusaciones, Medina permitió que le fueran entregados indebidamente incentivos por 3.600 millones de pesos a la armadora de autos coreana Kia, violando con ello la ley de inversión del Estado. En la audiencia estuvo presente Medina de la Cruz, quien aseguró que no había cometido ningún delito.
Rodrigo Medina, del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien fue gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015, no podrá pisar la cárcel porque cuenta con la protección de un juzgado ante cualquier acto que busque privar o restringir su libertad. El fiscal anticorrupción, Ernesto Canales, destacó que el fallo es inédito y significa un triunfo para la Fiscalía. “Un gobernador será juzgado” destacó en entrevista radiofónica. La pena por el delito de ejercicio indebido de funciones puede ser de 2 a 12 años de cárcel y sólo se alcanza fianza si la condena impuesta es mayor a 5 años, explicó Canales. El abogado de Medina, Adolfo Aguilar Zinser, dijo que su cliente impugnaría el fallo del juez.
Con información de El País
