El régimen cubano recibió una exigencia de parte del Comité Contra las Desapariciones Forzosas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos para que aclare de inmediato “la suerte y el paradero” del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y le dio de plazo hasta el 12 de noviembre para que responda varias inquietudes sobre su desaparición, según publicó RadioTelevisiónMartí
El Político
El Comité invoca el Artículo 30 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas al requerir que el gobierno de Miguel Díaz-Canel informe “a los familiares, allegados y representantes del señor Ferrer García, así como al Comité, sobre su suerte y paradero, y tomar todas las medidas necesarias para protegerlo”. Así se hizo saber en una carta/respuesta a Javier Larrondo Calafat, de la Asociación Internacional de Defensores de Prisioneros.
Es de hacer notar que el Comité dice haber activado “el procedimiento de acción urgente” enviando una nota al Estado cubano, en la cual expresa su “grave preocupación por la integridad física y psicológica” del señor Ferrer García.
Como se recordará, la madrugada del martes 1ro de octubre, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y otros seis miembros de la organización fueron detenidos durante un violento operativo en el que participaron fuerzas especiales y efectivos auxiliares de la Seguridad del Estado y los ministerios del Interior y Justicia.
Adicional a esto, las fuerzas “habrían entrado violentamente dentro de tres viviendas que conforman la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba”, entre ellas la vivienda de Ferrer y su familia, en una operación a cargo de un oficial que se presentó como el “Mayor Roberto”.
De acuerdo con la misiva de la oficina de Naciones Unidas, tras la detención la Seguridad del Estado “habría amenazado a vecinos y a algunos de los activistas de UNPACU”, y habría intentado obligarlos “a declarar falsamente contra el señor Ferrer García con el objetivo de crear una causa penal en su contra”.
Otra de las exigencias del Comité Contra las Desapariciones Forzosas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos es que se garantice que lo pongan “bajo protección de la ley y para permitir que sus familiares y representantes tengan de inmediato contacto con él”.
De confirmarse que Ferrer está detenido, el Comité reclama al Estado cubano que informe “de forma inmediata y oficial” el lugar donde se encuentre, “y permitir que sus allegados y representantes lo puedan visitar periódicamente”.
De esta manera, se exige que sea presentado ante un juez, habiéndosele informado “concretamente los delitos que le estarían siendo imputados y dándole acceso a un abogado”.
Otro de los aspectos contenidos en el documento deja claro que familiares y allegados de Ferrer deben poder participar en las gestiones para localizarlo e investigar su alegada desaparición, “dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso”.
