Luego de las elecciones del 20 de mayo, el mandatario Nicolás Maduro prometió el diálogo y la pacificación del país, como medidas que definirán su periodo. Además, el mandatario ordenó la excarcelación de 80 personas, de las cuales solo 42 eran presos políticos.
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Los abogados y analistas políticos aclaran que esta medida no es parte de un proceso de pacificación o reconciliación, no obstante, se trata de una estrategia del gobierno para intentar legitimarse en el ámbito internacional, reseñó El Nacional.
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El politólogo Fernando Spiritto, aseveró que Maduro y su gabinete idearon un plan bien estructurado para legitimarse, donde utilizan las excarcelaciones y la participación de los gobernadores opositores para hacer creer que tienen la disposición de dialogar con sus adversarios políticos y rectificar los errores de su gestión.
“Quieren dar la impresión de que están haciendo cambios políticos en el país, pero la comunidad internacional sabe que no son suficientes ni reales. No es un cuento creíble porque la libertad la condicionaron”, indicó.
Spiritto y Jesús Ollarves, abogado especialista en derechos humanos, destacaron que la separación de poderes es un factor determinante para que los países crean en las decisiones políticas del Estado venezolano. “Desde hace años hemos sido testigos de cómo el gobierno ha utilizado el derecho penal como instrumento de extorsión y chantaje al ciudadano”, afirmó Ollarves.
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Añadió que, para tener un proceso de reconciliación y pacificación en el país, Maduro debe reconocer las violaciones de los derechos humanos que se han cometido durante su gestión; permitir el regreso de los exiliados, conceder la libertad plena y no condicional, y convocar a todas las fuerzas para discutir las soluciones a los principales problemas de los venezolanos: el hambre y la falta de medicamentos.
“Aquí no hay guerra para que exista pacificación. Simplemente, el gobierno no permite que haya elecciones transparentes; el conflicto está presente y continuará mientras prohíban que la ciudadanía se exprese libremente”, resaltó Alarcón.
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Los expertos descartaron que las excarcelaciones sean beneficios procesales, porque “jamás debieron estar presos, y menos por sus ideas”. Tampoco fueron concesiones porque había dos diputados encarcelados a quienes se les violó la inmunidad parlamentaria, y cinco reclusos que tenían boletas de excarcelación desde hace meses.
“Cuando se exige justicia y no hay respuesta adecuada y efectiva, y de forma vaga se habla de reconciliación, es visible la manipulación de la justicia y la libertad, que es inmoral y violatoria de los derechos fundamentales”, señala Ollarves.
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