Los países tienen a su disposición fondos de lucha contra el cambio climático que podrían servir para combatir la deforestación, si bien existen aún grandes dificultades para usarlos de forma efectiva, expresaron este lunes en Roma varios expertos.
Hasta el momento solo quince países (entre ellos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú) han presentado propuestas con los llamados niveles de referencia de emisiones y capturas de gases de efecto invernadero en el sector forestal.
Esos documentos, que deben ser sometidos a la evaluación de un comité técnico, permiten medir los esfuerzos de un país en desarrollar actividades de la iniciativa de la ONU para detener la deforestación y mitigar los efectos del cambio climático (REDD+).
Ese programa tiene por objetivo reducir las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, además de conservar los bosques, gestionarlos de forma sostenible y aumentar las reservas forestales de carbono.
La experta de la ONU en REDD+ Marieke Sandker explicó hoy en una charla que, excepto Malasia, los otros catorce países que han presentado propuestas incluyen medidas para frenar la deforestación sobre todo porque resulta "fácil medirlas".
No obstante, detalló que existen importantes divergencias en la forma en que esos Estados están usando escalas nacionales o de menor alcance, están ajustando sus series históricas o están midiendo periodos concretos para comparar a partir de ellos los avances que puedan lograr.
La experta recordó que los posibles resultados que obtengan esos países les pueden ayudar en el acceso a los fondos internacionales destinados a combatir el cambio climático.
Las diferencias de criterios pueden dificultar esa tarea, según Sandker, que puso de ejemplo el habitual rechazo de los donantes a financiar aquellos planes que toman como referencia periodos de más de diez años para medir los avances, como ocurre con los de Brasil, Costa Rica o Indonesia.
Sandker afirmó que "los países pueden usar el REDD+ como catalizador para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones", a partir de los cuales la comunidad internacional trabajó hasta alcanzar el año pasado el Acuerdo de París de cambio climático, que entrará en vigor el próximo 4 de noviembre.
A su juicio, los planes con los niveles de referencia forestales deberían considerar las distintas modalidades para recibir fondos, el riesgo de la doble financiación, la fecha de inicio para medir la reducción de emisiones y una escala mínima para actuar, entre otros aspectos.
Por su parte, la especialista de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Astrid Agostini destacó que muchas inversiones se están destinando a fortalecer las capacidades técnicas de los Estados, pero no está claro cómo los países en desarrollo pueden recibir dinero "de verdad".
El Fondo Verde para el Clima, por ejemplo, tiene el objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares anuales hasta 2020, pero existen distintas interpretaciones sobre el tipo de recursos que deben integrarlo.
Según un reciente informe de la FAO, por los menos trece fondos multilaterales específicos para el clima han invertido más de 400 millones de dólares anuales en proyectos o programas relacionados con la agricultura, la actividad forestal y la pesca desde 2010.
Los destinados a la actividad forestal están diseñados en gran medida para apoyar la preparación de los países, las reducciones de emisiones verificadas y los pagos en función de los resultados.
Se estima que el sector privado es el principal contribuyente en las inversiones para abordar el cambio climático, mientras que dentro de la financiación pública destaca la asistencia bilateral de los países para el desarrollo.
Con información de EFE
