Con el final del Título 42, entrará en vigor el viejo Título 8, que permitió a la Administración de Obama deportar a más de tres millones de migrantes en ocho años.
El Político
La nueva política viene con otras reglas: los interesados en solicitar asilo deberán pedirlo a través de una aplicación para móviles desde cualquiera de los países de su travesía.
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Si llegan a Estados Unidos sin haber cumplido ese requisito, se enfrentan a la deportación, que conlleva la prohibición de volver intentarlo durante al menos cinco años.
Si los descubren tratando de cruzar de nuevo en ese tiempo, se exponen a penas de prisión en Estados Unidos. Esas deportaciones no serán a sus países de origen en los casos en los que no haya tratados al respecto: Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
De admitirse su solicitud, pueden ser llevados a un centro de detención mientras esta se resuelve, o reciben una cita con un juez en algún punto de EEUU y un documento que les permitirá viajar libremente por el país.
Actualmente, hay dos millones de causas abiertas, y los magistrados especializados en temas migratorios están desbordados.
Panorama general
Tres años después de haber sido activada por la pandemia del coronavirus, el gobierno de Joe Biden puso fin a la vigencia del Título 42, una vieja política de seguridad sanitaria que no solo ayudó a detener la propagación del coronavirus, sino que también frenó la entrada al país de inmigrantes indocumentados.
Se estima que más de 2.2 millones de extranjeros se vieron afectados en estos tres años. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes sostienen que, en muchos casos, la expulsión expedita los condujo a situaciones de mayor peligro cuando tenían una razón válida para pedir asilo, reportó Univision.
El Título 42 es una restricción fronteriza para regresar a migrantes que intentan ingresar por la frontera con México para evitar la propagación de COVID-19.
Sin embargo, el presidente Joe Biden ha colocado una excepción a esta medida con la que se permite el ingreso de migrantes desde Ciudad Juárez, México.
La controvertida regla otorgó poderes extraordinarios a los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fonterizo (CBP) para, en uso de su discrecionalidad, decidieran en el momento de las detenciones:
Expulsarlos o devolverlos a México de manera acelerada; Deportarlos bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA); y Procesarlos y referir probables casos de asilo cuando los extranjeros manifestaran miedo creíble, para que un juez de inmigración decidiera su futuro en el país.
Panorama general
El martes, dos días antes del levantamiento de la cuestionada política, Biden dijo que su gobierno se preparaba para un incremento significativo en la llegada de inmigrantes.
"Está por verse. Será caótico por un tiempo", indicó a periodistas poco después de sostener una conversación vía Zoom con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Desde este viernes las restricciones cambian y las nuevas reglas exigen a los inmigrantes utilizar nuevos caminos legales para entrar a EEUU:
A través de un parole humanitario (si se trata de extranjeros provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela).
Por medio de la reunificación familiar (si son inmigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras) una vez aprobado un trámite (el formulario I-130).
A través de la aplicación CBP One, donde se obtiene una cita para presentarse en un puerto fronterizo.
Haber pedido asilo en el país por el que transitaron antes de llegar a la frontera con EEUU.
Todo extranjero que llegue a la frontera sin cumplir con estos requisitos, será detenido y deportado de manera expedita bajo la figura de otra vieja regla, el Título 8, e incluso ser sancionado con hasta 5 años fuera sin poder ingresar legalmente a Estados Unidos.
“Si alguien llega a nuestra frontera sur después de la medianoche (de este jueves) se presumirá que no es elegible para asilo y estará sujeto a consecuencias más severas por ingreso ilegal, incluida una prohibición mínima de cinco años de reingreso y posible procesamiento penal”, precisó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
If a noncitizen receives a final order of removal through their immigration court proceedings, they will be taken into custody, or remain in custody, and are subject to removal from the U.S.
These are our immigration laws, and it would take an act of Congress to change them. pic.twitter.com/FkXNRzb41f
— CBP (@CBP) May 4, 2023
¿Qué es el Título 8?
El Título 8 es la regla migratoria que queda vigente en la frontera tras el fin del Título 42.
“La transición al procesamiento del Título 8 será rápida e inmediata. Hemos aumentado 24,000 agentes y oficiales de la Patrulla Fronteriza, y miles de tropas, contratistas y más de mil oficiales de asilo y jueces (de inmigración) para llevar a cabo esto”, dijo Makorkas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves en la tarde.
El funcionario dijo que el departamento bajo su mando está “consciente” de los desafíos que probablemente se enfrentarán en los próximos días y semanas, “y estamos listos para enfrentarlos”.
Mayorkas dijoque “ya estamos viendo un alto número de encuentros (con inmigrantes) en ciertos sectores” de la frontera con México.
Starting tonight, people who arrive at the border without using a lawful pathway will be presumed ineligible for asylum. We are ready to humanely process and remove people without a legal basis to remain in the U.S. (1/4) pic.twitter.com/JnpSw6793v
— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) May 12, 2023
Cómo funcionó la frontera hasta este jueves con el Título 42
En la mayoría de los casos los extranjeros hallados o detenidos fueron deportados de manera expedita, según datos de la CBP.
Y en cuanto a los casos referidos a los tribunales de inmigración, quienes no representaron una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza fueron colocados en el Programa Alternativas de Detención (ATD) para que aguardaran en libertad la resolución de sus casos de asilo referidos a los jueces de inmigración.
En agosto del año pasado, un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, mencionó que unos 300,000 inmigrantes se encontraban siendo monitoreados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia que supervisa el programa de libertad condicional.
Pero no todos los liberados han ganado sus casos. La mayoría, según el TRAC, pierden los juicios, entre otras causas, por no contar con asesoría legal.
Las críticas, sin embargo, no solo se enfocan en los procedimientos de expulsión y uso de la discrecionalidad de los agentes federales, sino en los cambios a los procedimientos dentro del debido proceso migratorio al no permitir que todas las personas pidan asilo en o a través de puertos fronterizos, como señala la ley, y sean los jueces de inmigración -y no agentes federales fronterizos- quienes decidan sus futuros en Estados Unidos.
A partir de ahora han que hacerlo a través de un patrocinador, una petición familiar o una aplicación por medio de un dispositivo móvil.
AILA recuerda promesa de campaña de Biden
En enero, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) le recordó al presidente Biden que, durante su campaña en 2020, se pronunció “en contra de las políticas de su predecesor declarando que ‘los desafíos que enfrentamos no se resolverán con una emergencia nacional constitucionalmente dudosa para construir un muro, separando familias o negando asilo a personas que huyen de la persecución y la violencia’”.
También advirtió que los planes para prohibir el tránsito de inmigrantes que huyen de sus países en busca de asilo constituyan una “inadmisible y potencialmente mortal” política fronteriza basada en prohibiciones y nuevas regulaciones, así como la puesta en vigor de la Regla del 3er País de Asilo (señala que, si una persona cruzó por un tercer país antes de llegar a EEUU, debe pedir asilo en esa nación. Si se lo niegan, entonces puede pedirlo en la frontera. De lo contrario, será expulsado de inmediato).
La asociación, que agrupa a unos 17,000 abogados en todo el país, puntualizó que “esto es cierto independientemente de si su entrada es por un puerto de entrada designado o no, así como el estatus que tiene el solicitante de asilo”, en referencia a los indocumentados. Y añadió que la ley federal solo permite circunstancias muy limitadas cuándo el gobierno puede limitar este derecho de acceso al asilo”.
La entidad también teme que las nuevas regulaciones que reemplazan al Título 42 dificulten el acceso de los inmigrantes a “ un derecho pleno y justo procedimiento para determinar una solicitud de asilo o protección temporal equivalente, y que el solicitante de asilo no verá amenazada su vida o su libertad a causa de un motivo protegido”.
“Si bien estamos de acuerdo con el fin del Título 42, debemos asegurarnos de que estamos implementando un plan que sea bueno para quienes buscan seguridad en los Estados Unidos y quienes intentan ayudarlos”, dijo Joan Rosenhauer, director ejecutivo del Servicio Jesuita a Refugiados de Estados Unidos (JRS/EEUU).
“Nuestro enfoque permanece en aquellos que intentan solicitar asilo de acuerdo con nuestras leyes, ayudándolos en el siguiente paso de su viaje hacia la seguridad”, indicó.
El JRS/EEUU advierte que las nuevas normas temporales de asilo anunciadas por el gobierno interpretan de manera diferente la política de asilo aprobada por el Congreso. “Estamos viendo una afluencia de personas que necesitan ayuda y puede ser abrumador”, dijo María Torres, directora de Programas Nacionales del JRS/EEUU. “Siendo realistas, vemos personas que han arriesgado sus vidas para venir aquí y muchos no tienen nada más que una manta, si eso. La situación para muchos aquí es terrible”.
Las organizaciones exigen al gobierno apoyar políticas que “reconozcan la dignidad inherente de quienes buscan protección en EEUU y que el gobierno priorice la implementación de un sistema de asilo justo y humano, de acuerdo con los valores establecidos desde hace mucho tiempo en nuestro país y enmarcados en el debido proceso.
"The Mexican Government has reiterated its commitment to accepting 30,000 nationals from Venezuela, Cuba, Haiti & Nicaragua per month who have entered the US unlawfully between the ports of entry once the Title 42 public health Order lifts."@CBPTroyMiller: https://t.co/BKuAsnYSeo pic.twitter.com/gWE4PAI3pN
— CBP (@CBP) May 11, 2023
Los centros regionales
Además de los programas humanitarios con patrocinador y peticiones familiares, la aplicación CBP One y la Política del 3er País Seguro, Biden prepara la instalación de Centros Regionales de Procesamiento en América Latina (Colombia y Guatemala, por ahora) que “ayuden a identificar a las personas con necesidades de protección y brinden información y asistencia de procesamiento para acceder a vías legales a los EEUU y otros países”, explica un informe del Migration Policy Institute (MPI).
Estos centros, agrega, están diseñados para aliviar la presión en una frontera que es testigo de flujos hemisféricos cada vez mayores, en un momento en que el gobierno restringirá parte del acceso al asilo y se volverá mucho más consistente en devolver (expulsar) a algunos posibles migrantes a sus países de origen.
El MPI también dice que estos centros “están diseñados para eliminar a los contrabandistas de la ecuación al brindarles a las personas acceso a protección y vías legales antes en su viaje de migración y, finalmente, antes de que crucen las fronteras internacionales”.
Pero la pregunta que muchos se hacen es “¿cómo funcionarán? Por ahora no hay respuestas. “Están en un embrión”, dice Hernández. “Lo sabremos cuando arranquen las operaciones. Habrá que esperar”.
A partir de este viernes (12.05.2023) deja de aplicarse el llamado Título 42, que reemplazó la política migratoria estadounidense, conocida como Título 8, durante la pandemia del COVID-19.
Actualmente, desde México, es posible registrarse y pedir una cita para solicitar oficialmente asilo en Estados Unidos a través de la aplicación móvil CBP One.
A aquellas personas que, por diferentes motivos, no puedan acceder a la app y decidan cruzar de forma irregular la frontera les esperan dos novedades bajo el Título 8, explica a DW Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
Por un lado, los indocumentados deben demostrar que solicitaron asilo en uno de los países de tránsito y que su petición fue rechazada.
Por otro, las entrevistas de evaluación, donde los migrantes pueden presentar su caso y explicar las razones por las que se vieron obligados a abandonar sus países, se están realizando de forma expedita, por ejemplo, por teléfono, y los solicitantes de asilo no tienen tiempo para prepararse o para buscar a un abogado.
The #CBPOne app is available to all undocumented non-citizens to voluntarily submit information and request a date and time for those seeking to arrive in the U.S. Using CBP One will ensure an easier process for arrival.https://t.co/of0xw7AnO9 pic.twitter.com/VK6vLflvVD
— CBP (@CBP) May 12, 2023
Falta de transparencia
La directora del IMUMI señala que los "polleros" o traficantes de personas están aprovechando los actuales cambios en el panorama político para difundir desinformación, creando una "competencia entre el crimen organizado y las organizaciones que están tratando de proporcionar información verídica".
Por último, desde México, la entrevistada destaca que, ante el fin del Título 42, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador "ha sido cero transparente".
Si bien las autoridades han aceptado recibir a migrantes de diferentes nacionalidades latinoamericanas deportados bajo el Título 8, "no hay ninguna información que explique qué documento migratorio se les va a dar, cómo van a entrar a México o si van a tener autorización para trabajar.
Para las organizaciones que trabajamos con migrantes, esta falta de transparencia confunde más y causa más desinformación".
Entre líneas
A expensas de esos tecnicismos, los migrantes que se concentraban en torno a la iglesia de El Paso, unas calles erigidas de nuevo en la estampa de la eterna crisis de la frontera, fueron desalojados en cosa de 24 horas.
A las 5.00 del martes, unos agentes sin identificar repartieron unas octavillas en las que invitaban a los que pasaron ilegalmente y aún no se habían reportado a las autoridades a entregarse urgentemente en la oficina más cercana. El panfleto también les advertía de consecuencias graves si optaban por seguir en el limbo.
Así comenzó lo que los burócratas, con su talento para el eufemismo, habían nombrado como una “operación localizada de cumplimiento de la ley”.
Por la tarde, una veintena de hombres armados insistieron a los migrantes en que corrieran a “procesarse”, en un gesto que fue denunciado como una intimidación por las ONG locales.
Centenares de ellos, persuadidos por los miembros del ICE (siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) hicieron cola hasta la caída del sol para entrevistarse con los funcionarios migratorios en un edificio blanco rodeado por alambre de espino.
"El Título 8 no suaviza la situación"
"El Título 8 no suaviza la situación ni mejora la perspectiva para las personas extranjeras que busquen asilo en Estados Unidos.
Simplemente el subterfugio sanitario del Título 42 ha sido sustituido por otro código que, igualmente, permite la expulsión rápida de migrantes", subraya María Fernanda Rivero, de la organización civil mexicana Sin Fronteras.
La coordinadora de comunicación e incidencia aclara que el Título 8 tiene incluso "implicaciones más fuertes" que el actual estatuto:
"Da fundamento a que a los migrantes se les pueda prohibir el ingreso a Estados Unidos por al menos cinco años cualquiera que sea su situación. En caso de reincidencia, la prohibición puede extenderse hasta 20 años, además de la posibilidad de abrírseles un proceso penal".
Impulsados por la esperanza y la desesperación, ante el fin del Título 42, muchos migrantes varados en la frontera entre México y Estados Unidos son víctimas de rumores y desinformación.
De acuerdo con la agencia AFP, tanto organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas como grupos extremistas antiinmigración estarían difundiendo información falsa a través de redes sociales acerca de cómo alcanzar la frontera sur de Estados Unidos y obtener asilo en el país.
Movilizados por la desinformación, señala esta agencia, tan solo en 2023, miles de migrantes intentaron cruzar cinco veces la frontera.
Por ejemplo, con motivo de un supuesto "Día del Migrante", en marzo, en el que se les daría paso por un puente internacional o tras el incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos.
En entrevista con DW, la experta de Sin Fronteras María Fernanda Rivero confirma que "el acceso a información fidedigna es un problema presente" para los migrantes. Si bien las autoridades mexicanas y estadounidenses manejan sus canales oficiales, "esto es insuficiente para llegar a los miles de personas que se encuentran en procesos de movilidad", explica.
De ahí que "la labor de las organizaciones no gubernamentales haya sido clave para dar a conocer entre personas interesadas los derechos con los que cuentan, así como la situación y el contexto que existe en la región".
A través de medios y plataformas, como www.contigosinfronteras.org, la organización civil Sin Fronteras ofrece asesoramiento e insumos informativos en varios idiomas.
Gretchen Kuhner agrega que las grandes organizaciones, como ACNUR, Naciones Unidas y OIM, también están realizando campañas de información sobre los cambios en la legislación migratoria estadounidense.
