Eduardo Cunha, exjefe de la Cámara baja de Brasil, cercano al presidente Michel Temer e impulsor del proceso que despojó del poder a Dilma Rousseff, fue detenido acusado de participar en la trama de corrupción de la estatal Petrobras.
Cunha, quien hasta hace unos meses parecía intocable y tenía una notable influencia en la Cámara de Diputados, fue arrestado en Brasilia, donde aún mantenía una residencia tras haber perdido su escaño en un juicio político interno que el Congreso inició por las mismas sospechas que hoy lo llevaron a prisión.
La policía lo buscó primero en su domicilio de Río de Janeiro, pero lo encontró finalmente en la capital, donde se sospecha que ejercía aún ciertas presiones sobre políticos a fin de intentar evitar su detención, según dijeron fuentes policiales a Efe.
La orden de captura fue dictada por el juez Sergio Moro, a cargo de la investigación en Petrobras, quien además determinó que sean bloqueadas cuentas bancarias en las que el exdiputado mantenía unos depósitos por 220 millones de reales (casi 70 millones de dólares), una fortuna que ahora deberá justificar ante la justicia.
El exdiputado es dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el presidente Temer, quien está en el poder desde el pasado 31 de agosto, tras la destitución de la exmandataria Rousseff en un proceso iniciado por el propio Cunha.
En su condición de presidente de la Cámara baja, aceptó a trámite en diciembre pasado las acusaciones de irregularidades fiscales que dieron inicio al juicio político que llevó a la destitución de Rousseff por irregularidades en el manejo de los presupuestos.
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En julio pasado, al renunciar a la presidencia de la Cámara baja en medio del proceso que finalmente le costó el escaño, Cunha se ufanó de haber iniciado el trámite que llevó a la caída de Rousseff.
"Estoy orgulloso por haber ayudado a que Brasil se librara de uno de los Gobiernos más corruptos que ha tenido", declaró entonces.
Sin embargo, el propio Cunha, cuando abrió el proceso contra la exmandataria, ya era investigado por su presunta participación en la red de corrupción que operó en la petrolera estatal Petrobras, de la que habría recibido unos cinco millones de dólares en coimas, según las investigaciones.
Según la acusación, Cunha mantenía oculto ese dinero en cuentas cifradas abiertas en bancos suizos, lo que el exdiputado siempre negó, aunque sus argumentos fueron desbaratados por la justicia helvética, que verificó la existencia de esos depósitos.
Tras esa comprobación y otros indicios, la Corte Suprema abrió tres causas distintas contra Cunha, una de las cuales fue remitida al juez Sergio Moro, responsable de la investigación en Petrobras, una vez que perdió su escaño y con ello su condición de aforado.
Tras su detención en Brasilia, Cunha fue trasladado a la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde están centradas todas las operaciones sobre la red de corrupción que operó en Petrobras, en la que estaban implicados decenas de políticos y empresas privadas.
Muchos de los detenidos por las corruptelas en Petrobras han pactado acuerdos de cooperación con la justicia que les han valido una reducción de sus penas.
En los círculos políticos de Brasilia, la detención de Cunha desató una visible aunque muda inquietud entre los parlamentarios de su entorno, que evitaron hacer declaraciones sobre el asunto.
En el frente adversario a Cunha, la decisión judicial fue hasta festejada, como lo hizo públicamente el diputado laborista Silvio Costa, quien usó la tribuna del Congreso para ironizar sobre una eventual delación de Cunha si llegase a un acuerdo con la justicia.
"Muchos parlamentarios aumentarán sus dosis de tranquilizantes a partir de hoy", declaró Costa, quien dijo que eso mismo ocurrirá en el entorno del presidente Temer, quien hasta hace unos pocos meses mantenía una estrecha relación con el exdiputado detenido.
Por medio de un comunicado, Cunha calificó su arresto como una decisión "absurda", "sin motivación" y que se basa en un proceso que ha sido cerrado en el Tribunal Supremo.
Su abogado, Ticiano Pinheiro, dijo que la orden de arresto fue ignorada durante cuatro meses por el Tribunal Supremo y ha sido ejecutada por el juez Moro "sin cualquier hecho nuevo" tan sólo una semana después de que ese magistrado haya asumido el caso.
Con información de EFE
