El movimiento de 246 millones de dólares del presupuesto gubernamental a cuentas privadas que hicieron el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) y 6 de sus colaboradores fue legal, aseguró hoy el jefe de los abogados del exmandatario.
Según Mario Machado, durante el proceso penal demostrarán "de una manera técnica que los procedimientos fueron reglados (legales) y que estaban definidos en normas" preestablecidas.
Añadió que el exmandatario "no está en las mejores condiciones anímicas, pero está dispuesto a afrontar este proceso y a demostrar" la legalidad de sus actuaciones con los fondos que eran destinados a la "seguridad del Estado".
Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, fueron arrestados el domingo, acusados de formar una estructura que desvió 246 millones de dólares del presupuesto gubernamental a cuentas privadas.
A ellos se suman, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, "colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca", aún empleados de la Presidencia.
Estos afrontarán el proceso penal por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero en el Juzgado Cuarto de Paz de la capital, y la audiencia inicial está programada para el próximo jueves.
Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares "en efectivo".
Meléndez detalló el lunes en una rueda de prensa que durante las investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al menos 6 millones de dólares fueron blanqueados por el exmandatario y Charlaix "vía triangulación" a las empresas de Saca, que incluyen un reconocido consorcio de radios.
El ente fiscal solo ha podido determinar el destino de estos 6 millones de dólares y desconoce el fin que tuvo el resto del dinero "cuestionado".
La investigación, denominada "Destape Corrupción", tuvo como origen un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con el que ya se inició un proceso civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento ilícito en más de 18,7 millones de dólares.
Dicho informe establece que de una "partida secreta" del Gobierno en la que se manejaban fondos para la inteligencia estatal se libraron cheques a nombre de funcionarios y que este dinero finalmente acabó en las cuentas de Charlaix.
A nombre de Saca fueron emitidos más de 15 millones de dólares, otros 497.406 dólares para Rank, 45.000 dólares para César Funes y 400.000 dólares para el partido que llevó al poder al expresidente, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
No es la primera vez que Arena se ve salpicado por este tipo de casos. Según la Fiscalía, el partido recibió 10 millones de dólares del difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004), que supuestamente desvió donaciones taiwanesas y por lo que afrontó un proceso penal.
Con información de: EFE
