Dos de las palabras más repetidas en el Palacio de La Zarzuela desde el día de la proclamación de Don Felipe han sido «normalidad institucional». Ese era el objetivo de la Jefatura del Estado después de varios años en los que la Familia Real protagonizaba noticias que nada tenían que ver con ese concepto y el caso Nóos acaparaba llamativos titulares en la sección de tribunales.
Pero cuando el reinado apenas llevaba año y medio, otra amenaza se cernió sobre la deseada «normalidad institucional»: el bloqueo político.
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Esta situación inédita paralizó las grandes decisiones y mantuvo al Rey prácticamente encerrado en su despacho durante diez meses, pendiente de aplicar por primera vez un artículo de la Constitución que, hasta entonces, nadie se había dado cuenta de que contenía una enorme laguna legal. Y es que la Carta Magna obliga a que un candidato se someta a votación en el Congreso, aunque la tenga perdida de antemano, para empezar a contar el plazo de dos meses y convocar nuevas elecciones.
Fueron unos meses en los que Don Felipe recibió presiones de los principales partidos políticos, que buscaban la interpretación de la Constitución y el momento de aplicación más favorable para cada uno de ellos. Desde otros sectores se proponían arriesgadas fórmulas imaginativas que habrían implicado al Rey en decisiones políticas y cuyas consecuencias habrían sido imprevisibles. Pero Don Felipe se mantuvo firme y aplicó literalmente el artículo de la Carta Magna.
«Hemos superado una compleja situación política», afirmó el Rey en su último Mensaje de Navidad, dos meses después de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. «Es importante ahora que en nuestra sociedad se haya recuperado la serenidad y que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad necesaria para poder llevar a cabo sus proyectos de vida», añadió, como si pensara también en su propia actividad como Rey, que se había visto condicionada por el bloqueo.
Una vez desbloqueada la situación política, aún quedaba pendiente la sentencia del caso Nóos, que finalmente se hizo pública el pasado 17 de febrero, después de erosionar durante casi seis años la imagen de la Corona. A pesar de que Don Felipe colocó un cortafuegos entre la Infanta y la Institución, es inevitable que cada noticia sobre el caso Nóos afecte colateralmente a La Zarzuela.
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En este sentido, la sentencia, que absolvió a Doña Cristina y condenó a seis años y tres meses de prisión a su marido, Iñaki Urdangarin, supone una tregua para la Institución, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el más que probable recurso y el cuñado del Rey ingrese finalmente en prisión. Esa imagen previsible, la de la cárcel, será el último coletazo del caso Nóos, pero hasta entonces es probable que transcurra un año y medio.
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