Las últimas semanas de 2016 han resultado ser de "alta tensión" para el Gobierno ecuatoriano, con varios frentes abiertos en medio de un ambiente preelectoral, pues el país está a menos de 60 días de las elecciones legislativas y presidenciales del 19 de febrero de 2017.
Los escándalos comenzaron en mayo, con la detención del exgerente de la estatal Petroecuador, Alex Bravo, y se fueron intensificando durante los meses siguientes, para culminar en estos días con las denuncias sobre posibles sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
La crisis de Petroecuador fue uno de los temas de mayor impacto a medida que se conocían detalles de supuestas actividades corruptas que llevaron a la Fiscalía a investigar a 80 personas, 24 de las cuales fueron procesadas en un total de diecisiete casos que se tramitan ante la Justicia por delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito y otros.
Entre otros, se indaga a un exgerente de esa empresa y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzelli, en paradero desconocido.
Sobre ese caso, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llegó a decir que es "probablemente el más grave que se ha presentado en diez años de Gobierno" sobre pago de "coimas (comisiones) en la refinería de Esmeraldas".
El asunto estalló en momentos en que el Gobierno precisamente abanderaba un "pacto ético" contra la posesión de bienes en paraísos fiscales, lo que le ha llevado incluso a impulsar una consulta en las urnas para prohibir que quienes tengan posesiones en esos lugares pueda ejercer cargos de elección popular.
El caso Petroecuador y otros problemas económicos y sociales que sufre el país se dan, además, en el contexto de las dificultades económicas que afronta la nación por la caída del precio del petróleo y el fortalecimiento de dólar, moneda adoptada por Ecuador en el año 2000.
En el ámbito social, el Ejecutivo ha visto surgir un foco de rechazo en sectores indígenas tras unos incidentes ocurridos el 14 de diciembre en la provincia de Morona Santiago, donde murió un policía y otros cinco resultaron heridos, además de dos militares.
Según el Gobierno, la fuerza pública fue atacada en el campamento minero "La esperanza", en el sector de San Carlos-Panantza, por personas de la etnia shuar que se oponen a la minería y rechazan la concesión de tierras a empresas mineras.
El pulso entre sectores indígenas y gubernamentales ha sido fuerte, pues los primeros culpan al Ejecutivo de los incidentes y exigen la retirada del estado de excepción decretado en esa provincia tras los hechos violentos.
Aseguran que no se llevó a cabo la preceptiva consulta para intervenir en esas tierras y sostienen que se ataca a los territorios ancestrales en los que habitan comunidades indígenas, pero el Gobierno niega el carácter ancestral de los territorios donde se practica la actividad minera.
Todo ello en medio de la preocupación expresada por el Gobierno chino, al que el ecuatoriano considera su aliado estratégico, por los incidentes en el campamento minero, donde trabaja la empresa minera china Explorcobres S.A. (ECSA).
El más reciente episodio que ha afectado al ambiente político ecuatoriano ha sido la denuncia de que, entre 2007 y 2016, la constructora brasileña Odebrecht hizo supuestamente pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares a funcionarios del Gobierno, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
La Fiscalía ha tomado de inmediato la iniciativa al abrir investigaciones sobre el caso, incluido el registro de las oficinas de la empresa en Guayaquil (suroeste), mientras el Gobierno ecuatoriano ha salido al paso de las acusaciones y ha asegurado que actuó correctamente en su relación con esa empresa.
El Ejecutivo ha recordado que la compañía fue expulsada del país en 2008 y, aunque volvió a ser contratista del Estado en 2010, subraya que los cinco contratos que se firmaron fueron auditados por la Contraloría General del Estado.
El Ejecutivo, sin embargo, en este final de año "caliente", no se ha atrevido por el momento a descartar que haya habido "pagos o actos de corrupción", por lo que ha exigido que se investiguen los hechos y, en su caso, actúe la justicia contra quienes pudieran estar involucrados en actos corruptos.
Con información de EFE
