Luis Moreno Ocampo tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción. El mismo dictador Jorge Rafael Videla sentenciado a cadena perpetua, años más tarde reconocería el profesionalismo del abogado, al que califica como artífice de la estrategia que lo llevó a prisión.
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— El Político (@elpoliticonews) September 14, 2017
Este jueves se iniciaron en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, las sesiones que forman parte de las investigaciones que adelanta dicho organismo para denunciar los abusos y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura venezolana durante más de tres meses de protestas ciudadanas en las que fueron asesinadas más de 135 personas y miles fueron reprimidos brutalmente por los cuerpos de seguridad.
Entre los asistentes destaca la presencia del abogado Luis Moreno Ocampo, juez que sentenció a cadena perpetua al dictador argentino Jorge Rafael Videla, y quien también fuera fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, decidiendo incluso qué casos de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio son presentados ante ese importante tribunal.
Tras recibir innumerables denuncias de desaparecidos y violaciones de derechos a causa de Videla y las Juntas Militares, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los actos cometidos por el dictador afectaron: “El derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno dieron muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención. El derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada. El derecho a la seguridad e integridad personal mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos inhumanos…”
Los presentes escucharon con atención los desgarradores testimonios. Uno de ellos, Francisco “Pancho” Márquez, asegura que fue testigo de cómo amarraron a una persona a una reja y fue golpeada salvajemente por seis funcionarios.
La defensora de derechos humanos denunció que 44 personas recibieron descargas eléctricas en partes íntimas y fueron obligaban a comer excremento; otras 52 personas fueron sometidas a actos lascivos violentos por funcionarios quienes además las desnudaron obligaron a ponerse en “cuatro patas” mientras que algunos fueron esposados en manos y pie. A las denuncias también se unió Julio Henríquez, abogado de Foro Penal Venezolano, quien aseveró que en Venezuela ocurrieron asesinatos, torturas y casos de violencia sexual.
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Con información de Venezuela Al Día
