Este año, mientras Eduardo Montealegre era fiscal general, se anunció una imputación de cargos esperada desde hace un buen tiempo por quienes exigen justicia con los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país: la del general (r) Mario Montoya.
La diligencia, con la que arrancaría una investigación formal en contra del alto oficial en retiro, tenía como fecha el 31 de mayo. Pero el día llegó y la imputación, en vez de realizarse, fue suspendida indefinidamente. Y ahora se confirma que, en un futuro cercano al menos, dicha imputación no llegará. (Vea: "El 31 de mayo imputarán cargos al general (r) Mario Montoya")
Así se deduce de una respuesta que el fiscal que tiene el expediente, Jaime Camacho, les dio a dos abogados de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y posiblemente del general (r) Montoya, Jorge Molano y Germán Romero. El documento —que nace de un derecho de petición radicado el pasado 2 de noviembre— señala que el despacho tercero delegado ante la Corte Suprema, el mismo que hace seis meses estaba dispuesto a imputar cargos al general (r) Montoya, ahora está “analizando los elementos probatorios que hacen parte de las carpetas de la investigación”.
No hay duda de que este es uno de los procesos más delicados que tiene la Fiscalía, sobre todo por el impacto que puede causar en ciertos sectores de las Fuerzas Militares. Y si algo queda claro con este documento, conocido por El Espectador, es que el organismo investigativo está lejos de imputarle cargos al excomandante del Ejército. El fiscal Camacho señaló que “se están verificando las manifestaciones realizadas durante el interrogatorio por el general (r) Mario Montoya Uribe”, el cual se realizó el pasado 10 de agosto, es decir, hace casi cuatro meses. (Vea: "Las pruebas de la omisión del general Mario Montoya para evitar los falsos positivos")
No es sólo eso. El fiscal Camacho señaló también que se estaban verificando las “entrevistas o declaraciones juradas de todos los testigos que han aportado información” a este voluminoso expediente. Y, además, expresó que era “importante señalar la alta complejidad de esta investigación, pues está enfocada en el periodo en que el general (r) Mario Montoya Uribe comandó el Ejército Nacional (febrero de 2006 a noviembre de 2008), razón por la cual el material probatorio recopilado tiene origen en las siete divisiones que el Ejército tenía activas para la época”.
Desde septiembre de 2008, cuando el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales sacudió al país a través de once casos de hombres jóvenes de Soacha asesinados en Ocaña (Norte de Santander) —quienes fueron reportados como guerrilleros muertos en combate—, el nombre de Mario Montoya en especial ha estado en la mira de quienes exigen justicia por estos horrorosos crímenes. El escándalo le costó el cargo, quien renunció dos meses después de que se conocieran los casos de Soacha.
Apenas hace una semana, cinco de esas familias lograron justicia tras la condena de 21 militares.El general (r), que después de salir del Ejército ejerció un tiempo como embajador en República Dominicana durante la presidencia de Álvaro Uribe, ha insistido hasta la saciedad en que él no ha cometido crimen alguno. El alto oficial en retiro ha asegurado que desde su cargo como comandante de brigadas, divisiones o del Ejército entero, jamás abusó de su poder para quitarles la vida a civiles y luego hacerlos pasar como guerrilleros muertos en enfrentamientos.
Jaime Camacho tiene bajo su responsabilidad este espinoso proceso luego de que la administración del nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se lo asignara. Su antecesor, Eduardo Montealegre, había prometido que antes de salir de la Fiscalía —lo cual sucedió el 28 de marzo de este año— tomaría “decisiones de fondo en 22 casos de generales” supuestamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales. Hizo su promesa en abril de 2015, frente a víctimas de estos crímenes. Sin embargo, al dejar el organismo, el compromiso quedó sin cumplirse.
Ahora el turno es para que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez decida sobre el general (r) Montoya, quien apenas dos meses antes de que estallara el escándalo de los mal llamados “falsos positivos” saboreaba el triunfo militar de la Operación Jaque, con la cual 15 secuestrados fueron rescatados (como Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses). Asimismo, es su turno para avanzar sobre los 2.653 procesos que, según indicó Montealegre en su último informe de gestión, existen en el organismo sobre posibles ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública.
Con información de El Espectador
