La oficina del fiscal general de Manhattan ha insistido que tendría base suficiente para investigar al presidente Donald Trump y sus negocios por fraude fiscal, según informó el diario The New York Times, basándose en documentos judiciales.
El Político
La oficina que dirige Cyrus Vance, que lleva más de dos años batallando con el mandatario para obtener sus declaraciones de la renta y certificar la transparencia de sus negocios, asegura por primera vez en un nuevo documento que diversas informaciones y testimonios públicos justificarían la formación de un Gran Jurado que se pronunciase sobre varios delitos, incluido desfalco en seguros, falsificación de documentos financieros y fraude fiscal.
Según recoge el Times, a través de los documentos presentados en la Corte, “incluso si el Gran Jurado solo estuviera probando la certeza de las alegaciones públicas, el resto de las informaciones ayudarían a justificar plenamente el alcance de formar un gran jurado en este caso”.
El año pasado, la oficina de Vance presentó una citación con la que pretendía obtener ocho años de declaraciones de impuestos del presidente. Pero una corte federal de apelaciones concedió a principios de este mes un aplazamiento de la orden que pedía retrasar hacer públicos los impuestos pagados por Trump.
El principio de este inmenso culebrón tiene su germen antes de las elecciones de 2016 por el pago a dos mujeres que aseguran que tuvieron relaciones sexuales con el magnate neoyorquino.
Inmunidad
Como relata el diario neoyorquino, Vance, demócrata, nunca ha revelado la magnitud de la investigación criminal que lleva a cabo la fiscalía, argumentando que debe de guardar el secreto que impone el Gran Jurado. Según los abogados del presidente, la investigación debería de pararse ya que está fundamentada en motivos políticos.
El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo decidía que Trump no podía bloquear la información financiera y fiscal que le reclamaba la Fiscalía de Manhattan, resolviendo con el fallo una batalla legal que el mandatario ha llevado hasta el final para no hacer públicas sus cuentas. Sin embargo, esa decisión no supuso la vuelta a los tribunales inferiores de una demanda paralela del Congreso, lo que dejó en evidencia que con casi total seguridad ningún dato será público hasta pasadas las elecciones de noviembre.
Los abogados de Trump, en el caso de la Fiscalía de Manhattan, pusieron sobre la mesa la “inmunidad” del presidente mientras ocupe el cargo. La interpretación constitucional del Departamento de Justicia estadounidense establece que los mandatarios no son procesables y por eso deben someterse a procesos de impeachment o juicios políticos en el Senado, como el celebrado por el escándalo de Ucrania. “Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de aportar pruebas cuando se le requiere en un proceso penal”, dijo entonces John Roberts, presidente del Supremo.
