La exposición del fiscal Galo Chiriboga fue la más esperada en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Inició a las 15:52, tras una advertencia de la asambleísta María José Carrión, presidenta de la Mesa Legislativa: “este no es el inicio de un juicio político; es un seguimiento que hacemos a las recomendaciones de la Comisión de Justicia sobre las investigaciones de empresas offshore de ecuatorianos”.
Así se inició esta comparecencia. Y Chiriboga fue el cuarto funcionario público en explicar este tema a los legisladores. Antes, en la Comisión estuvieron Carlos Pólit, contralor general (con licencia); Christian Cruz, superintendente de Bancos; y Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas. Todos acudieron acompañados de sus equipos de comunicación y asesores y entregaron documentos relacionados al tema.
Pólit, el primero en comparecer, reveló nueva información sobre los exámenes especiales que realiza la Contraloría a funcionarios y exfuncionarios de Petroecuador.
La autoridad sostuvo que el ente de control revisa actualmente 181 contratos –los de mayor cuantía- de los 413 que se firmaron en la estatal petrolera para la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.
Este es un proyecto que, según sus cálculos, suma una inversión de USD 2 369 millones.
Solamente en la empresa estatal de hidrocarburos se han determinado 42 informes con indicios de responsabilidad penal y estos 38 casos corresponden a un posible peculado.
Uno de los casos donde la Contraloría ha detectado indicios de un posible delito es el de Pedro Merizalde, actual gerente de Petroecuador. Pólit no dio muchos detalles, pues el caso se encuentra en indagación previa en la Fiscalía.
Sin embargo, explicó que cuando “un funcionario público no declara un bien, una empresa que poseía en Panamá eso configura un posible delito de perjurio”.
A través de un comunicado difundido en la mañana, la Fiscalía también confirmó la indagación en contra Merizalde y explicó que el expediente es por un supuesto perjurio.
En la noche, Merizalde emitió un comunicado y aseguró que tras realizar un análisis sobre su gestión como funcionario público durante cinco años, la Contraloría “no encontró incremento patrimonial no justificado”. Luego indicó: “Dentro del proceso de examen especial a sus declaraciones juramentadas, solicitado por el mismo Gerente General el 13 de mayo de 2016, se subsanó una omisión involuntaria en su declaración juramentada”.
Es decir, “el gerente no cometió ningún delito, infracción u omisión dentro del proceso, por lo cual el Gerente pedirá a la Fiscalía General el archivo de este caso que se encuentra en indagación previa”.
En tanto, la comparecencia de Cruz fue la más corta de la jornada. Duró media hora, tiempo en el que explicó que ha entregado a la Fiscalía y a la Contraloría información sobre las cuentas de Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos. Además, de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador; y de otros funcionarios. Indicó que se ha remitido a los entes de control más datos sobre otros funcionarios de la petrolera y sus cónyuges.
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Orlando, del SRI, habló sobre la investigación que este ente ha realizado y que, según él, ha revelado más que la investigación hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas referente al Ecuador.
Según el funcionario, desde enero del 2014 a octubre del 2015, han salido del país USD 4 520 millones hacia paraísos fiscales. Y se “calcula que desde 1 979 al 2 015 se habrían fugado cerca de USD 30 000 millones a esos paraísos”.
Además se han detectado que existen 3 489 empresas offshore de ecuatorianos. “Los paraísos fiscales son una guarida de capitales y un flagelo que atenta contra la economía mundial”, manifestó Orlando.
Por la tarde, en cambio, Chiriboga, entregó a la Mesa legislativa 16 cajas con miles de hojas que componen únicamente dos investigaciones de las 17 que están abiertas con relación a la red de corrupción.
Las cajas fueron acomodadas delante de la mesa, en el centro, justo frente a todas las personas que asistieron a las comparecencias. “Esta es una oportunidad para dar información del trabajo que hace la Fiscalía, porque mucho se ha dicho en los medios de comunicación. Nosotros como Fiscalía no discutimos los casos en los medios”, dijo el Fiscal.
A través de una presentación Power Point, Chiriboga se refirió a todos los cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía en este hecho. Sus comentarios hacían alusión al legislador Christian Viteri. “Por más legislador que sea, no puede venir a decirme que soy un alcahuete”, agregó.
Tras una hora de exposición, Carrión interrumpió al Fiscal General para recordarle que este no era un juicio político y solicitó que no hiciera comentarios alusivos a ningún asambleísta. “Limítese a explicarnos su trabajo”, le advirtió.
El Fiscal detalló que las indagaciones alrededor de Petroecuador se iniciaron hace seis meses. Se han abierto 17 procesos por delitos que van desde el peculado, que puede llegar a una pena de hasta 13 años de cárcel, hasta por perjurio, con una pena de máximo tres años de cárcel.
Uno de los puntos que también explicó el Fiscal fue la salida de Pareja Yannuzzelli del país. El exfuncionario abandonó el Ecuador el 28 de septiembre y recién el 21 de octubre de este año se formularon cargos por supuesto cohecho.
“No es que se le avisó, como dicen por ahí. Él se fue porque sabía que lo estábamos investigando”, dijo. Aseguró que el pedido de Asistencia Internacional a Panamá se realizó el 25 de mayo pasado y que ese “impulso fiscal” se encuentra en el expediente por el caso de enriquecimiento ilícito que se sigue en contra de Bravo. “Todos los abogados sabían que se había pedido esta información”.
Además, sostuvo que la Asistencia llegó al país el 23 de septiembre, pero la empresa de paquetería lo retuvo en Guayaquil dos días, ya que era un fin de semana. La documentación llegó el 26 de septiembre a Quito y el 29 estuvo en la oficina del fiscal Franklin Bravo, quien lo había solicitado.
Con información de El Comercio
