La Fiscalía española decidió poner fin a la investigación que llevaban contra el Rey Emérito Juan Carlos, desde hace algo más de tres años.
El Político
La razón por la que era investigado el Rey Emérito Juan Carlos era por su patrimonio, pero fue Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción quien puso fin a la misma con su firma.
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Fueron dos decretos que se notificaron este miércoles 2 de marzo a Javier Sánchez Junco, apoderado legal de Juan Carlos.
Reporta ABC que las primeras versaban sobre «un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011» del AVE a la Meca a un consorcio español y «su posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM», en Panamá, de la que Don Juan Carlos era «titular real».
Incluían también, por acumulación, las pesquisas sobre las transferencias de un empresario mexicano al padre del Rey mediante una persona interpuesta y los gastos que le sufragó su primo Álvaro de Orleans mediante una fundación con cuenta en Suiza.
Cohecho prescrito e inviolabilidad en el dinero saudí
Según ha concluido la Fiscalía del Tribunal Supremo, en relación al asunto concreto del AVE «se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros» que marca el límite del delito fiscal pero los ejercicios previos habrían prescrito y el último no se puede perseguir porque hasta junio de 2014, cuando se produjo la abdicación, Don Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad propia del Jefe del Estado.
En cualquier caso, «la investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna», conforme relata el decreto de archivo. Los indicios, conforme concluye, «extremádamente débiles» y basados exclusivamente en el testimonio de la examante de Don Juan Carlos Corinna Larsen, quien dijo que él le comentó que del dinero pagado «50 millones» iban a su bolsillo.
Conclusión
La Fiscalía concluye así que «se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que S.M. D. Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal« que, señalan, »estaría claramente prescrito«.
Lo mismo ocurre con el presunto delito de blanqueo de capitales analizado por cuenta de los movimientos económicos tras la recepción de aquel dinero saudí que se observaba «partiendo de la posible naturaleza delictiva de la aceptación de la referida cantidad por Don Juan Carlos de Borbón». La Fiscalía dice que esas conductas susceptibles de ser delictivas cesaron en 2012, cuando él aún gozaba de inviolabilidad.
«Claramente se trata de elementos indiciarios insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera sea provisionalmente, una tesis inculpatoria que descarte otras alternativas igualmente lógicas», dice el decreto sobre la presunta comisión.
Fuente: ABC
