La polémica entre el Congreso peruano y la Fiscalía de la Nación por la falta de colaboración del magistrado Hamilton Castro con la comisión Lava Jato, que investiga a la constructora Odebrecht, se trasladó al Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), reseña Perú21
Esto luego de que la jefa de dicha institución, Julia Príncipe Trujillo, le requiriera al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, información sobre el acuerdo firmado entre el fiscal Castro y la firma brasileña, que hasta ahora sigue en calidad de reservado.
Según una fuente de este diario, la presidenta del CDJE, Julia Príncipe, le remitió un oficio al fiscal de la Nación, el 3 de febrero, para que el Ministerio Público “aclare” o “realice las precisiones necesarias” respecto del marco normativo en el cual se ha basado el acuerdo preliminar con Odebrecht.
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Pese a que ya ha transcurrido casi un mes de dicho requerimiento, hasta la fecha Sánchez no ha respondido.
En el mes de enero, Pablo Sánchez y Hamilton Castro informaron en una conferencia de prensa que venían negociando con la firma brasileña la suscripción de un acuerdo preliminar –que supone la terminación anticipada para las personas jurídicas– y el compromiso de la constructora para depositar 30 millones de soles por concepto de adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas.
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