Una fiscal de Florida está en el centro de una polémica porque se niega a pedir la pena capital. Los defensores de derechos humanos aplaudieron la decisión, pero el gobernador la removió del caso y ahora es acusado de actuar como "El Padrino".
La chispa se encendió el jueves, cuando la fiscal estatal Aramis Ayala dijo que no pedirá la pena de muerte para ningún acusado, mientras discutía el caso particular de un hombre inculpado por matar a una teniente de la policía de Orlando.
Ayala explicó que no hay ninguna evidencia que muestre que la pena de muerte sea positiva para las comunidades ni desaliente el crimen, además de que este tipo de juicios son largos y costosos.
"Yo debo considerar una política y no un caso individual", dijo la fiscal de los condados de Orange y Osceola -donde está Orlando- en una conferencia de prensa el jueves. "Es mi responsabilidad determinar si esto significa justicia para esta comunidad".
Este comentario fue un balde de agua fría para las autoridades conservadoras de un estado que defiende la pena capital y tiene 381 reos en el corredor de la muerte.
"¡Estoy furioso!", dijo el jefe de policía de Orlando, John Mina. "Es una flagrante negligencia", acusó la fiscal general de Florida, Pam Bondi. "Una bofetada en la cara", se sumó el alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri.
"Estoy indignado y asqueado", remató el gobernador republicano Rick Scott. La fiscal Ayala "dejó muy claro que no luchará por la justicia y por eso yo utilizo mi autoridad ejecutiva e inmediatamente reasigno el caso al fiscal estatal Brad King".
Ayala obedeció la orden y abandonó el caso, pero no sin antes lamentar que el gobernador se negara a escucharla. "Le ofrecí discutir con él mi decisión sobre la pena de muerte. Él declinó explorar mi razonamiento", contó en un comunicado.
– "El Padrino" –
Así las cosas, este viernes los grupos de derechos civiles oscilaban entre el aplauso a la fiscal y la condena a la orden de Scott.
"El gobernador se infiltró inapropiadamente en el proceso de justicia criminal y decidió que sólo la muerte hace justicia", dijo a la AFP Chardo Richardson, presidente de la organización de derechos humanos ACLU para el centro de Florida.
"Su idea de la justicia viene de ‘El Padrino'", añadió, refiriéndose a la saga cinematográfica.
El director de ACLU en Florida, Howard Simon, añadió que si bien el caso en cuestión "es un crimen horrendo, el gobernador Scott está sentando un precedente peligroso".
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Simon explicó a la AFP que se justifica que Scott utilice esta prerrogativa en algunas situaciones, "pero no simplemente porque discrepa con los cargos que un fiscal ha decidido que son apropiados".
También este viernes, el grupo de derechos civiles Equal Justice USA celebró una conferencia de prensa en Orlando donde participaron ONGs, líderes comunitarios y guías religiosos.
Uno de los participantes fue Herman Lindsey, un hombre que fue liberado del corredor de la muerte después de que se hallaran evidencias de que era inocente.
"La decisión de la fiscal Ayala garantiza que vidas como la mía no estarán en riesgo en el futuro", dijo Lindsey.
Todo esto ocurre poco después de que el gobernador Scott firmara el lunes una ley que exige que un jurado pida unánimemente la pena de muerte para que ésta pueda ser impuesta.
La ley que exige tal unanimidad fue una respuesta de los legisladores del estado, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidiera en enero del año pasado que la manera como se aplicaban las sentencias capitales en Florida era inconstitucional.
El caso en particular que originó la polémica de Ayala es el de Markeith Loyd, acusado de matar a la teniente de la policía de Orlando Debra Clayton y a la exnovia de él, que estaba embarazada.
AFP
