El juez federal Robert Hinkle, afincado en el circuito norte del estado de Florida, en Tallahassee, falló que la ley estatal que requiere a exconvictos el pago de ‘saldos monetarios pendientes’ con tribunales para recuperar el derecho al voto es “inconstitucional”, para quienes no puedan liquidar las cuentas o no se sepa cuánto deben.
El Político
Hace un año el Congreso de Florida adoptó una polémica ley que condiciona la enmienda aprobada por el electorado del estado, sobre restablecer el derecho a quienes hubiesen cumplido sus condenas carcelarias, con el pago de ciertas deudas.
De esta manera, la ley instaurada por la mayoría republicana en el poder legislativo estatal estipuló que “las multas y los honorarios legales pendientes” deben pagarse como parte de la sentencia, además de cumplir cualquier tiempo en prisión.
La orden del juez federal exige a las autoridades electorales permitir a exconvictos solicitar un resumen sobre cuánto deben, lo que coloca la carga del asunto en manos de los supervisores de elecciones.
“Si no hay respuesta en tres semanas”, plantea el fallo del juez Hinkle, “no se debe prohibir al solicitante que se registre para votar”.
Por otra parte, el magistrado subrayó que la orden de saldar las deudas “es constitucional para quienes puedan pagar”.
Si finalmente se permite la inscripción de estos ciudadanos estadounidenses, la decisión “podría tener un impacto significativo en las elecciones de noviembre”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates,
Según datos proporcionados por el estado, unos 774.000 floridanos están excluidos aún por causa de “deudas monetarias pendientes”.
Se dice que muchos de ellos son afroamericanos y presumiblemente demócratas, aunque no se conoce a plenitud cuántos votarían ni cómo lo harían.
“La enmienda 4 pidió claramente reinstaurar el derecho al voto a los expresidiarios, siempre y cuando no hayan cometido asesinatos o violaciones sexuales. No pidió cobrar deudas”, reclamó el abogado.
Antecedentes
Conocido como el caso Kelvin Jones versus Ron DeSantis, la querella recoge cinco demandas que representan a 17 expresidiarios y que fueron presentadas por varias organizaciones pro derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro Brennan y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color.
"Esta es una tremenda victoria para el derecho al voto voto", declaró Julie Ebenstein, abogada principal del Proyecto de Derechos de Votación de ACLU, en un comunicado.
“El tribunal reconoció que condicionar el derecho de una persona a votar sobre su capacidad de pago es inconstitucional. Esta decisión significa que cientos de miles de floridanos podrán unirse al electorado y participar en las próximas elecciones", subrayó.
No obstante, el juez Hinkle reconoció que su fallo podría ser apelado, ya que espera que el Gobierno estatal recurra a una corte superior y defienda su punto de visto.
Hace dos años y medio, el 6 noviembre de 2018, el electorado de Florida aprobó restablecer el derecho al voto a excovictos, o sea quienes hubiesen cumplido sus condenas carcelarias, pero el Congreso del estado decidió restringir la norma a quienes no tengan ‘saldos monetarios pendientes’ con los tribunales.
Fuente: Diariolasamericas
