Durante 35 minutos la sesión del Parlamento Europeo de este martes dejó Estrasburgo y se trasladó a Madrid, al Congreso de los Diputados. El tema, los ponentes, el tono y las formas fueron completamente españoles.
El Político
Una media hora larga en la que casi todos los grupos políticos se enfrentaron con saña, se reprocharon, insultaron y enfangaron, dando una imagen desastrosa de España y dejando por los suelos la credibilidad de un sistema político que casi 40 años después del ingreso en la UE sigue exportando a las instituciones comunitarias sus miserias en busca de reconocimiento, respaldo o simplemente algo de caso. Como si la reputación no hubiera quedado lo suficientemente tocada con el procés.
Europa es a veces un arma arrojadiza y este martes, con la excusa de Venezuela de fondo, lo fue una vez más. Ciudadanos, tras mucha insistencia de su eurodiputado Jordi Cañas, logró el lunes meter en la agenda del día un debate sobre el viaje de Delcy Rodríguez, su reunión con el ministro José Luis Ábalos en el aeropuerto de Madrid-Barajas y si se había producido una violación de las sanciones europeas.
Algo con pleno sentido dicho así, puesto que las sanciones las impuso la UE en su conjunto, pero que resulta menos claro si se observan los procedimientos. Habría debate, pero ninguna consecuencia. No implicaba votación, resolución, reprobación, investigación. Nada. Era sólo una oportunidad para el intercambio y sabiendo que habría show.
El desenlace y sus límites estaban claros desde el principio. Todos los oradores que han tomado en la tarde de este martes la palabra en el plenario eran españoles, salvo Dita Charanzová, de Renew Europe -grupo en el que se encuadra Ciudadanos-, que es la responsable de los suyos para América Latina y que fue quien invitó hace unas semanas a Juan Guaidó a visitar la institución en Bruselas. Todos los demás, 10, del PSOE, el PP -incluyendo a Leopoldo López, padre del líder venezolano que está refugiado en la embajada de España en Caracas-, Podemos, Ciudadanos y Vox.
Borrel: "Le compete a España investigar"
La ocasión era en cierto modo propicia, pues se trataba de la primera en la que tener al alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, respondiendo abiertamente sobre la cuestión. Lo ha hecho ante preguntas de los periodistas en un par de ocasiones estos días, pero de forma evasiva y asegurando que no tenía detalles.
Pero lejos de usar el tiempo para pedir aclaraciones más concretas, detalles sobre qué peticiones de información se han producido o si ha habido contactos informales, todo se ha centrado en la bronca.
La posición de la Comisión y del Consejo ha sido consistente estas semanas, por muy sorprendente que resulte para cualquier observador: España es la encargada de implementar sanciones sobre su territorio y de evaluar si se han producido irregularidades. Si Exteriores no detecta ningún problema, examinando a su propio Ejecutivo, no hay más que hablar.
No hay mecanismos formales para pedir explicaciones, justificaciones, ni para actuar incluso si la violación parece flagrante. Y eso dijo Borrell en su primera intervención: "Como sabrán, los Estados miembro son responsables en todos los casos para implementar las sanciones decididas por la UE. Son siempre responsables de la aplicación y verificación. Por ello, cuando una presunta violación de la normativa surge le compete al Estado investigar y determinar si esto ha sido así". Y sólo a él, explicó el alto representante.
La Comisión Europea sólo tiene "un papel de monitoreo, de seguimiento general de las medidas en el ámbito de sus competencias. En la congelación de activos hay medidas sectoriales, pero no para la prohibición de viajes o embargo de armas. Se puede debatir sobre si los Estados pueden dar la competencia a la UE, pero requeriría cambio en los tratados. La situación es clara hoy: la Comisión no puede incoar un procedimiento de infracción en una presunta violación de prohibición de viaje", zanjó Borrell.
Fuente: Elmundo
