A un día de que el Senado decida en plenaria si lo suspende del cargo y deja en manos de la Corte Suprema de Justicia su caso, por supuesto soborno en el escándalo de Fidupetrol, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt dice en entrevista con EL TIEMPO que no ha tenido garantías en su proceso y que no renunciará.
¿Cómo asume la posibilidad de que su nombre quede en la historia como el primer alto funcionario procesado por el Congreso?
¿Cuál era su relación con Víctor Pacheco?
Conocí a Víctor Pacheco hace varios años. Se movía en círculos sociales de personas oriundas de la costa Atlántica que viven en Bogotá por lo que coincidíamos en reuniones sociales.
¿Por qué Pacheco tiene tantas entradas a su despacho a pesar de que llevaba asuntos en la Corte?
Él se anunciaba para ingresar por mi oficina. Llevaba procesos administrativos ante el Consejo de Estado y cuando iba al Palacio de Justicia pasaba a visitar a las personas que conocía en la Corte desde hace muchos años, como a su amigo Gabriel Mendoza.
Sin embargo, Pacheco apoderaba a Fidupetrol…
Pacheco no ingresó a mi oficina desde que la tutela de Fidupetrol fue seleccionada para ser estudiada por la Corte.
¿Por qué el magistrado Mauricio González dice que después de que él lo confrontó a usted sobre el caso usted buscó a Pacheco?
Eso no es cierto. Jamás he buscado a Pacheco ni directamente ni indirectamente. Fue la esposa de Pacheco quien llamó a mi señora, en tres ocasiones, en la semana que comenzó el proceso.
¿Por qué el fiscal Fernando Mendoza, cercano a usted, buscó a Pacheco después de que estalló el escándalo?
Desconozco si ellos hablaron, pero en todo caso Fernando Mendoza era muy amigo de Víctor Pacheco desde hace varios años y charlaba mucho con él.
¿Qué responde a los que cuestionan su interés en la selección de tutelas interpuestas por importantes empresas?
Sería ilegal que cuando se verifica que existe la violación de derechos fundamentales, no se seleccione una tutela solo por que el accionante es una empresa importante. Además todos los magistrados han seleccionado asuntos en los cuales la vulneración de derechos fundamentales tiene repercusiones económicas.
¿En el caso de la Alcaldía de Santa Marta y la recaudación de impuestos, qué justificación hay para su demora en redactar la decisión final, que terminó redundando en que la ciudad perdiera una millonaria suma?
Los trámites en la Corte Constitucional no son cortos. Una tutela tarda en promedio en la Corte más de ocho meses. Miren los registros, de hecho mi despacho es uno de los más cumplidos.
¿El hecho de que su esposa y su hermana ocupen altos cargos en la Procuraduría no puede dar lugar a interpretaciones acerca de la posición de esa entidad en su caso?
Mi esposa y mi hermana ingresaron a la Procuraduría muchos años antes de que fuera nombrado el actual Procurador, y lo único que ha hecho la Procuraduría es cumplir con su función constitucional de velar por que se respete el debido proceso. Mis contradictores quieren que me condenen sin respetar el debido proceso y quien no se presta para este fusilamiento enseguida es atacado.
¿Y quiénes son esos contradictores?
La izquierda quiere que me saquen porque soy el último magistrado conservador que defiende la familia, la vida humana desde la concepción, la libertad religiosa y las Fuerzas Militares. Me ven como una piedra en el zapato del proceso de paz, por considerar que deben exigirse unos mínimos como penas efectivas, que no se permita la participación en política de quienes han cometido delitos de lesa humanidad y que exista una verdadera desmovilización y entrega de las armas.
¿Cuál cree que va a ser el resultado de la votación final en la Plenaria del Senado?
Solo pido que los senadores respeten el debido proceso, que permitan que mi abogado intervenga para ejercer el derecho a la defensa y sobre todo que se lean el expediente, porque allí se encuentra demostrada mi inocencia.
¿Cree que en la Corte tendrá mayores garantías para demostrar su inocencia?
Eso es lo que quieren que se diga. Es la forma como Mauricio Lizcano se quiere lavar las manos. Como sabe que no hay pruebas en mi contra, su estrategia es señalar que el papel del Senado es cumplir un trámite político y que no deben respetarme el debido proceso ni el derecho a la defensa, sino que eso le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, organismo que por supuesto respeto, pero ello no obsta para que el Senado pueda seguir desconociendo mis garantías.
¿Qué va a hacer si es suspendido?
Seguir luchando en el proceso. Con creces le he demostrado al país que no soy un cobarde y que mi dignidad vale más que el miedo a ser suspendido.
Con información de El Tiempo
