Hace dos semanas, Carlos Henry Linares Bolívar, un presunto abogado implicado en tráfico de inmigrantes, renunció a su derecho a guardar silencio.
El hombre, de 58 años, le dijo a la Fiscalía que está dispuesto a dar nombres, cargos, celulares y roles de funcionarios del Estado e intermediarios involucrados en una megared con tentáculos en al menos cinco entidades, dedicada a introducir ilegalmente extranjeros al país.
El hombre completa varias horas de declaraciones que han dejado perplejos a los investigadores de este fenómeno que ya rompió récord –9.377 ilegales detectados en seis meses– y generó una crisis humanitaria en Turbo, Antioquia.
Según dicen, por montos que van de los 5 a los 10 millones de pesos, la red expide pasaportes originales con información falsa, altera fotos y huellas en cédulas, borra antecedentes penales, realiza apostilles falsos de documentos y hasta levanta embargos e hipotecas para ayudar a mover a los inmigrantes hasta Estados Unidos.
EL TIEMPO tuvo acceso a la información suministrada, las cual revela que, además de Migración Colombia, en la red hay involucrados funcionarios de Cancillería, Registraduría, Dijín y de oficinas de Instrumentos Públicos.
“Ya habíamos capturado a 12 funcionarios de Migración Colombia y a dos particulares, quienes han recibido condenas de entre 8 y 11 años de cárcel por introducir ilegalmente al país a ciudadanos cubanos, nepalíes, somalíes, bengalíes, ghaneses, indios, paquistaníes, dominicanos, ecuatorianos y sirios. Pero lo que estamos descubriendo rebasa las hipótesis iniciales”, admite uno de los investigadores.
Linares busca beneficios judiciales a cambio de ayudar a desarticular ese andamiaje que usa desde puntos fronterizos terrestres –como el puente de Rumichaca, en límites con Ecuador– hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá, para mover a sus clientes entre los que también figuran delincuentes.
