Gerardo García Luna, de 54 años y detenido en diciembre de 2019, es el funcionario mexicano de más alto rango que enfrenta un juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
El Político
García Luna está acusado de cuatro cargos de conspiración para traficar cocaína. Es como si el jefe del FBI o de la Agencia Antidrogas fuera acusado de recibir millones en dinero del narcotráfico.
¿Por qué es importante?
Durante años, Genaro García Luna fue considerado uno de los hombres más poderosos de México, el líder que encabezó la guerra contra los carteles de la droga, reportó BBC.
Este es el juicio más importante sobre seguridad nacional y narcotráfico de este siglo, incluso más que el de El Chapo, dijo Rodolfo Soriano Núñez, sociólogo y exprofesor que ha estudiado durante mucho tiempo el uso de la fuerza militar en México.
Su juicio arrancó este martes con la selección del jurado en un tribunal de Nueva York, el mismo en el que Joaquín "el Chapo" Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa, fue juzgado entre 2018 y 2019 y condenado a cadena perpetua.
De esa vista, precisamente, salieron algunos de los testimonios que vincularon a García Luna con las actividades del cartel.
El exfuncionario acudió este martes a la Corte para presenciar con semblante serio el inicio de conformación de miembros del jurado.
"Juicio del siglo"
El proceso contra García Luna se interpreta como una especie de secuela del llamado "juicio del siglo" contra el Chapo Guzmán, que se resolvió con cadena perpetua contra el capo de la droga.
Un ex miembro del cartel de Sinaloa dijo durante aquel proceso judicial que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos US$6 millones en efectivo en 2005, 2006 y 2007.
Fiscales estadounidenses acusan al exfuncionario mexicano de aceptar el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012.
Según la Fiscalía, García Luna acordó no interferir en los envíos de droga, revelar información a los traficantes sobre operaciones de control, eliminar a miembros de carteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder.
En contexto
Ingeniero de formación, García Luna fue reclutado en 1989 como investigador del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación mexicana.
En sus primeros años en el Cisen se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México, especializándose posteriormente en el combate a bandas de secuestradores.
Sus conocidos de la época cuentan que García Luna logró el rescate de varios personajes importantes, sobre todo empresarios que años después lo ayudaron en su carrera en el gobierno.
Del Cisen pasó a la Policía Federal Preventiva y de allí a la Agencia Federal de Investigación, dos corporaciones que desaparecieron cuando García Luna se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública a partir de 2006.
Fue desde ese puesto que García Luna impulsó un agresivo combate al narcotráfico -conocido como "guerra contra el narco"- que incluía la participación del ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de 250.000 muertos.
Como ministro de Seguridad Pública de 2006 a 2012, García Luna es ampliamente considerado como el arquitecto de la controvertida guerra de Calderón contra los cárteles de la droga.
Con una carrera que abarca tres décadas, García Luna tiene un profundo conocimiento de la guerra contra el narcotráfico en México y vínculos con las administraciones del país que se remontan a principios de la década de 2000.
Y mantuvo una relación especialmente estrecha con la DEA y el FBI desde finales de la segunda administración del presidente George W. Bush hasta la primera del presidente Obama, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad George Mason.
Al término de la administración de Calderón en 2012, García Luna se mudó al estado de Florida en EE.UU. Allí residió hasta su detención en Texas en diciembre de 2019.
Entre líneas
El gobierno estadounidense alega que García Luna se convirtió en miembro de la organización desde enero 2001.
En total, enfrenta cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018.
El exsecretario de Seguridad se declara inocente de todos los cargos.
Su defensa argumentará que, de hecho, su cliente era colaborador de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).
A García Luna también se le criticaba su costumbre de mostrar en medios a muchos detenidos que luego resultaban absueltos.
Organizaciones civiles denunciaron duramente su uso de testigos protegidos en procesos judiciales para pretender vincular a activistas y medios de comunicación con bandas de narcotráfico.
Sin embargo, nada ha pesado más sobre su currículo que el elevado número de muertes que dejó la sangrienta lucha contra el narcotráfico que lideró, considerada como infructuosa y contraproducente por muchos expertos.
¿Qué se puede esperar?
De probarse las acusaciones, García Luna podría pasar entre diez años y el resto de su vida en prisión.
La sentencia, tras un juicio que se espera que dure semanas, dictaminará hasta qué punto el crimen organizado se infiltró en la cúspide del poder mexicano durante una de las épocas más cruentas de la guerra entre el Estado y el narco.
Las revelaciones del juicio podrían ser una mancha importante para las administraciones anteriores en México. Para los críticos de la guerra contra las drogas, una condena confirmaría el fracaso del esfuerzo conjunto de EE. UU. y México, que recibió miles de millones de dólares en ayuda estadounidense y fue culpado de fracasar en el intento de evitar decenas de miles de muertes.
Los testimonios y las pruebas que puedan salir a la luz en el juicio podrían tener consecuencias de gran alcance a ambos lados de la frontera.
