La Conferencia Nacional de Gobernadores Mexicanos (Conago) llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus críticas a las órdenes ejecutivas migratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump.
El presidente de Conago, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, trasladó ese rechazo a las medidas de Trump al presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli, y al secretario ejecutivo, Paulo Abrão, en una reunión en la sede del organismo en Washington.
Se trató de un encuentro para "establecer la vía de relación con la Comisión para acreditar los casos que sean necesarios en el futuro" sobre este tema, explicó el gobernador en rueda de prensa en la misión de México en la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Por tanto, Conago no presentó ninguna denuncia ni solicitud de medidas cautelares, algo que sí hizo este miércoles el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de México, Andrés Manuel López Obrador, para proteger a los inmigrantes en EE.UU.
Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó hoy con contundencia la iniciativa de López Obrador, que firmaron 12.000 ciudadanos de México y EE.UU., por considerarla "un acto político".
"Por ello la Comisión no recibió con altos funcionarios a López Obrador, porque es una declaración genérica que quiere tener más un efecto político que ayudar a México", afirmó.
Lo cierto es que, como explicó Abrão hace una semana, el protocolo de la presentación de denuncias y solicitud de medidas cautelares en la CIDH es que los peticionarios sean recibidos por personal del área técnica, como se hizo con López Obrador.
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La reunión de Ramírez es diferente, porque se trata de un encuentro informativo y no de la iniciación de ningún proceso en la Comisión.
"Vengo a respaldarla (a la CIDH) en nombre de los gobernadores", explicó Ramírez, en referencia al comunicado que publicó el organismo en febrero para pedir que EE.UU. deje sin efecto las órdenes ejecutivas migratorias de Trump al considerar que agravan la crisis humanitaria de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Además, Ramírez expuso ante la dirección de la CIDH los casos de la inmigrante mexicana deportada Guadalupe García, convertido en un símbolo de la política migratoria de Trump, y del joven mexicano Daniel Ramírez, en proceso de deportación pese a estar protegido por el programa (DACA) para quienes llegaron de niños a EE.UU.
EFE
