El Gobierno chileno apelará ante la justicia para frenar la libertad condicional del general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado por crímenes de lesa humanidad y a quien la Corte de Apelaciones de Santiago le concedió la libertad condicional.
La información la entregó a los periodistas la directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Catalina Lagos.
Explicó que el Ejecutivo recurrirá a la Corte Suprema para frenar la decisión judicial, que favorece al exsubdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el más temible aparato represor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Este miércoles la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, concedió la libertad condicional a Iturriaga Neumann, tras un recurso de amparo presentado por la defensa en contra de la Comisión de Libertades Condicionales que le había negado el beneficio.
El general en retiro, de 78 años, responsable de varios crímenes durante la dictadura cívico militar, debe cumplir en la cárcel penas hasta el año 2037.
No obstante, este jueves, la misma sala rechazó autorizar el traslado del general, desde el penal de Punta Peuco, donde purgan condenas un centenar de violadores de derechos humanos, hasta el Batallón de Policía Militar situado en el municipio santiaguino de Peñalolén.
El traslado había sido solicitado por la defensa tras la decisión del tribunal de otorgarle la libertad condicional.
Una de las condenas que cumple elexgeneral, es de 15 años de prisión como autor del homicidio del general Carlos Prats, excomandante en jefe del Ejército chileno, y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires en 1974.
A este se suman sentencias por el secuestro de militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Francisco Javier Alejandro Rozas, detenido por agentes de la DINA el 20 de diciembre de 1974, y por el secuestro y homicidio calificado de 12 personas en la denominada Operación Cóndor.
La Operación Cóndor es el nombre con que se conoce el plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América – Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador- con participación de los Estados Unidos, llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980.
Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Con información de EFE
