Hace algunas semanas, el equipo jurídico que representa a más de 800 profesores que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la denominada deuda histórica, tuvo acceso a la respuesta del Estado de Chile luego que el organismo internacional declarara admisible el caso en 2013.
En el documento enviado por La Moneda a la CIDH el 8 de junio, se plantea que no ha existido ningún tipo de violación a los derechos humanos por parte del Estado de Chile.
Además, en ese escrito -de 21 páginas- el gobierno se desliga de responsabilidad sobre esa deuda -que se estima en más de $ 58 mil millones-, endosándosela a las municipalidades correspondientes, y no al Fisco.
“En nuestro ordenamiento jurídico no existe norma alguna que obligue al Estado de Chile a pagar deudas específicas de corporaciones autónomas, como son los municipios, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio”, señala el texto enviado por Chile a la CIDH, que fue firmado por Oscar Alcamán Riffo, subdirector de la Unidad de Derechos Humanos de la Cancillería. Y se agrega: “Se suma la circunstancia de que el Fisco no fue parte en ninguno de los juicios en los que se condenó a los municipios a pagar las sumas que por esta vía pretenden los peticionarios cobrar”.
Con esto se da por cerrada la fase destinada a que las partes lleguen a un acuerdo, con lo que la CIDH deberá resolver, ahora, la emisión del informe final con una decisión sobre el asunto. Una de las opciones es que el organismo eleve el caso a la Corte Interamericana de DD.HH., instancia que podría obligar al Estado a cancelar la deuda.
El caso
En concreto, los más de 800 docentes pertenecientes a las comunas de Chañaral, Vallenar, Parral, Cauquenes, Chanco y Pelluhue acudieron a la CIDH en 2005, luego de un largo proceso en el que todos obtuvieron sentencias ejecutoriadas de parte de la justicia chilena que ordenaban a dichos municipios a pagar los montos adeudados.
Esto se originó a raíz de los dos decretos con fuerza de ley emitidos durante el régimen militar -específicamente en 1979 y 1980-, con los que el Estado transfirió al sector municipal a los profesores que hasta ese momento prestaban servicios en establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
La situación está expuesta en el informe de 2013 de la CIDH, en el que se informó que se declaraba admisible el caso. En este texto se recogen las posiciones del Estado de Chile y de los profesores. Y sobre estos últimos se lee que “en el proceso de municipalización de la educación primaria se habría considerado expresamente que los profesores mantendrían en el régimen municipal las mismas remuneraciones y beneficios de que gozaban anteriormente”.
Fue luego de la municipalización que -acusan los docentes- se suspendió unilateralmente el pago de asignaciones bajo las mismas condiciones acordadas previamente. El primer caso, que más tarde motivaría la concurrencia a la CIDH, fue el de 80 profesores de Chañaral, quienes en 1994 interpusieron una demanda en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, pugna que se resolvió a su favor, determinando que el municipio debía cancelar la deuda.
Mismo resultado lograron los docentes de las otras seis comunas. Y si bien existieron casos en los que algunos municipios pagaron parte de los montos, estos no fueron considerados suficientes por los profesores.
Con esto, desde el equipo liderado por los abogados Ciro Colombara, Giampiero Fava y Juan Pablo Olmedo esperan que la CIDH determine remitir el caso a la Corte Interamericana.
Para esto, han solicitado formalmente agilizar la emisión del informe final, considerando que gran parte de los docentes son de una edad avanzada. De hecho, según números que maneja el equipo de abogados, 108 de los 848 ya han fallecido; 54 tienen entre 80 y 90 años, y 227 de ellos tienen entre 70 y 79 años.
“Tenemos la convicción de que el caso es sólido y que existe mérito suficiente para que este llegue a la Corte Interamericana y el Estado sea condenado”, comenta Colombara. Y añade: “Las violaciones a los DD.HH. de los profesores afectados son graves y se han extendido por más de 20 años. Las sentencias dictadas en Chile no han sido cumplidas, y eso acarrea responsabilidad internacional para el Estado de Chile”.
Por su lado, el senador Baldo Prokurica (RN), que ha seguido de cerca el proceso e incluso ha concurrido personalmente a la CIDH, dice: “No ha habido voluntad política para sentarse a negociar una solución. Es una vergüenza que los profesores tengan que recurrir a tribunales internacionales para que el Estado cumpla sentencias ejecutoriadas de sus propios tribunales”.
Con información de La Tercera
