El aumento de las tarifas de los servicios públicos ha puesto al gobierno de Mauricio Macri ante la primera gran crisis de gobierno. Subidas de hasta 1.000% en las facturas hogareñas del gas han golpeado sobre todo a las clases medias y bajas, en momentos en que Argentina enfrenta el inicio del invierno más duro de la última década. El tarifazo ha reactivado los cacerolazos, aquel modo de protesta tan característico de la crisis económica de 2001, y disparado una avalancha de amparos judiciales que resultaron exitosos en primera instancia. Macri se encuentra hoy a la defensiva y a la espera de que la Corte Suprema habilite los aumentos. Mientras tanto, en el Gobierno ensayan medidas contra la caída de la popularidad.
El lunes pasado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió a los usuarios que las facturas de gas no deben pagarse hasta tanto “no se resuelva el fallo” de la Corte. Lo cierto es que a casi tres meses de decretado el nuevo cuadro tarifario, presentado como una medida necesaria para terminar con 12 años de subsidios kirchneristas a la energía, los usuarios no saben cuánto deberán pagar por el gas que utilicen. La reacción social al tarifazo encontró desprevenido al gobierno, que hoy se pregunta cómo no pudo prever las consecuencias. Dos veces ha debido dar marcha atrás con las subidas, luego les puso un tope de 400% y ahora espera una decisión judicial.
Algunas declaraciones de Macri tampoco han ayudado a su imagen: en un discurso ante un grupo de obreros advirtió que si uno anda por su casa “en mangas cortas y en patas” es porque está derrochando energía. El pulso se tensó la semana pasada, cuando miles de personas cortaron 20 puntos de la ciudad de Buenos Aires a golpes de cacerolas. El lunes, la agrupación sindical Barrios de Pie realizó 100 ollas populares en la capital y el conurbano. La protesta social terminó por pasar su propia factura a la Casa Rosada.
Mientras tanto, las empresas de producción y distribución del gas no registran ingresos desde junio. Al costo de tener que emitir dos veces todas sus facturas han tenido que sumar la anulación judicial de las subidas. Como era previsible, los aliados de Macri han tomado posiciones. Sergio Massa, un peronista disidente que acompaña en forma ambivalente al oficialismo, ha dicho que el tarifazo fue como “entrar a un quirófano con una motosierra”. Nadie duda de la necesidad de adecuar las tarifas, pero pocos defienden que se haya hecho todo de una vez. El radical Ernesto Sanz, integrante del núcleo duro de Macri, ha dicho que “era necesario readecuar el esquema tarifario" y pidió a la gente que entienda que "las marchas y contramarchas en el Gobierno se dan en un escenario muy complejo".
El costo de los subsidios
Ese escenario tiene que ver con la “herencia recibida”, como gusta llamar al macrismo al estado en la expresidenta Cristina Fernández Kirchner dejó la economía del país. Para controlar la inflación, el kirchnerismo destinó entre 2006 y 2015 casi 139 mil millones de dólares en subsidios a la energía y al transporte. En el caso del gas se generó un círculo vicioso: mientras el consumo subió la producción cayó 18% durante los últimos 10 años, según datos del Instituto Argentino del Petróleo y Gas. El Gobierno debió entonces importar hasta 310 barcos con gas licuado entre 2013 y 2015 para paliar el déficit. Macri decidió en abril pasado reducir los subsidios y aumentó las tarifas, pero lo hizo de una sola vez, con un alto costo político.
Toda la ira popular se ha concentrado en el ministro de Energía, Juan José Aranguren, un expresidente de la petrolera Shell en Argentina. Aranguren cuenta con el respaldo sin fisuras de Macri, quien ha decidido asumir en persona la trama de errores y rectificaciones del nuevo cuadro tarifario y el evidente malhumor social. Es cierto que no le ha ido tan mal. Un sondeo de la consultora Giacobbe & Asociados registró que el 61,8% de los consultados vio como "un signo de inteligencia" que el Gobierno rectifique sus políticas y lo admita públicamente. El 71% dijo incluso que las tarifas de gas, luz y agua debían aumentar tarde o temprano, pero 81,3% advirtió que las subidas deberían haberse hecho en forma gradual. Ese es el dato que más preocupa al macrismo.
Con Información de El País
