En los próximos días, La Moneda ingresará al Parlamento un proyecto de ley de migraciones que crea un Registro Nacional de Extranjeros -de carácter reservado- y define un catálogo de sus derechos y deberes en salud, educación y trabajo.
La normativa flexibiliza el ingreso y permanencia de los migrantes en el país y -en uno de los puntos que generará más polémica- establece que la comisión de un delito no obligará a una expulsión inmediata.
El clima interno y externo terminó por acelerarlo. A fines de noviembre de 2016, el director de Extranjería, Rodrigo Sandoval, reconocía que una nueva ley de migraciones no sería posible durante este gobierno y decía, por ejemplo, que las condiciones económicas no estaban dadas como para crear una institucionalidad que se haga cargo -con todos sus altos costos- del tema migratorio.
Las palabras de Sandoval no tuvieron demasiado eco dentro del gobierno de Michelle Bachelet, que ya llevaba varios meses diseñando un nuevo proyecto de ley de migración -al que tuvo acceso Reportajes- y que ingresará al Congreso antes del 30 de enero para su tramitación.
En La Moneda intentaron anticiparse a los tiempos. La legislación actual, de 1975, no solo quedó atrás en términos de reflejar las actuales necesidades migratorias del país, también, pensaron en Palacio, se ha hecho necesario regularizar a los actuales inmigrantes y a los que vendrán en el contexto político actual, que en el exterior es justamente regresivo: en Estados Unidos y algunos países de Europa ya hay voces que piden cerrar, al menos parcialmente, los pasos fronterizos.
En Chile, el tema lo puso en el tapete la oposición, luego de que el expresidente Sebastián Piñera y el senador Manuel José Ossandón demandaran una nueva normativa que expulse en forma expedita a aquellos extranjeros que cometen delitos en el país. La arremetida abrió un flanco que no pocos dudan será un debate intenso en un año electoral.
Con información de La Tercera
