La dirigencia de la Unión Nacional de Educadores (UNE) acudió ayer a la Subsecretaría de Educación, en Quito, para pedir que se declare nulo el proceso de disolución que se tramita en su contra.
En un escrito de seis hojas, el gremio aduce que el acto administrativo “nació viciado de inconstitucionalidad e ilegalidad”, y solicita que, una vez declarada la nulidad, se disponga el archivo inmediato y definitivo” del caso.
Rosana Palacios, presidenta de la UNE, y su abogado, Ciro Guzmán, señalaron que “no hay motivación pertinente” para que el Ministerio pretenda disolver al gremio y no se precisa las normas que habrían infringido.
El argumento de esa Cartera es que la UNE no registró a su directiva, pero Palacios manifestó que son las propias autoridades las que han puesto trabas y dilatorias a ese trámite desde el año pasado.
Por su parte, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, en una entrevista radial, cuestionó la representatividad de la UNE, pero adicionó que “no hay inconveniente con que mantenga su personería jurídica” si cumple con todos los requisitos de Ley.
Con información de La Hora
