La agenda de la reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto comprende hasta la fecha siete programas priorizados y un presupuesto de $ 582 millones. De estos recursos, se han ejecutado (pagado) el 17%, unos cien millones, según evaluó el Gobierno esta semana.
A cien días del terremoto que dejó 671 fallecidos y devastación en el país, la mayoría de las acciones se han concentrado en el restablecimiento de los servicios sociales básicos y en la atención de las familias que viven en los 26 albergues oficiales, unas 8.679 personas, según datos del Comité de Reconstrucción, entidad creada por decreto presidencial el 26 de abril para coordinar la emergencia, reconstrucción y reactivación económica.
La preside el vicepresidente Jorge Glas y la integran diez representantes, cinco del Gobierno, tres de gobiernos autonómos descentralizados y dos del sector productivo.
“La población más afectada se encuentra en los albergues en donde reciben, alimentación, atención psicológica, acompañamiento social, atención médica y demás servicios básicos”, refiere un documento del Comité en el que consta la asignación –sin especificar ejecución– de $ 144,9 millones para programas de agua potable y saneamiento, energía, salud y la entrega de bonos de acogida (unos 1.800) para las familias que reciban en sus hogares a damnificados, además de otros 1.900 bonos de alimentación.
Pero fuera de los albergues oficiales, una cantidad no dimensionada de damnificados sobrevive en improvisadas carpas de plástico, las que se resisten a abandonar por el temor a perder lo poco que ha quedado en sus viviendas destruidas.
En el refugio Los Tamarindos, en Portoviejo, por ejemplo, se reclama la ayuda económica que desde el 1 de junio comenzó a recibir el Gobierno producto de la llamada Ley de Solidaridad, que crea impuestos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
Hasta el jueves, el Servicio de Rentas Internas (SRI) había recaudado por esta ley $ 381,4 millones del impuesto al patrimonio, las utilidades, bienes inmuebles y un día de sueldo, sin contar con el aumento del IVA (impuesto al valor agregado).
Además de estos recursos, el Gobierno dispone de líneas de crédito aprobadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $ 364 millones y también $ 640 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).
La solidaridad de las donaciones no la siente Isidro Loor, quien lleva meses en el refugio Los Tamarindos. “No hemos tenido un apoyo de una autoridad, que venga aquí y diga estamos presentes, con carpas, toldos, colchones, nada de eso hemos tenido, señor”, dice.
Él y su vecina, Viviana Valencia, quieren recuperar la vivienda que se llevó el terremoto y buscan ser incluidos en los proyectos habitacionales.
Según el Comité de la Reconstrucción, para el área de vivienda se han asignado $ 105,3 millones, para 16 proyectos, 11 en Manabí y 3 en Esmeraldas.
Con información de El Universo
