El Gobierno va a aprobar este viernes un decreto-ley para acelerar la oferta de empleo público en los ámbitos de educación universitaria y no universitaria, policía nacional y guardia civil.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado a los sindicatos que dicho decreto incluirá una tasa de reposición del 100% y la habilitación a las comunidades autónomas para que convoquen cuanto antes la oferta de empleo en esos ámbitos, según han explicado fuentes sindicales.
Esta convocatoria se incluye en la Oferta de Empleo Público de 2017 que el Ministerio de Hacienda anunció esta mañana y que cuenta con un total de 67.000 plazas, sólo que se acelera el trámite en dichos sectores, para que no tengan que esperar a que se aprueben los presupuestos.
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Montoro ha realizado este anuncio en la reunión que ha mantenido, junto a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, con los sindicatos, las comunidades autónomas y las corporaciones locales en la Mesa General de las Administraciones Públicas, para presentarles las líneas generales de los presupuestos generales del Estado para 2017.
En dicha reunión, el ministro también ha anunciado que el salario de los empleados públicos subirá un 1% en 2017, algo a lo que los sindicatos han manifestado "un no rotundo", porque supondrá la pérdida de poder adquisitivo, por lo que tratarán de mejorar dicha tasa mediante enmiendas a los presupuestos.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha considerado la oferta salarial como "totalmente inasumible", ha reclamado recuperar la estructura previa a los recortes y ha anunciado que se va a reunir con grupos parlamentarios para promover enmiendas que incrementen la subida.
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Por otro lado, además de los sectores que se incluirán en el decreto que se aprobará el viernes, es "factible encontrar planes de choque para el personal en sectores como atención para el DNI y el servicio público de empleo (SEPE), para que salgan las plazas "lo antes posible, en cuanto acabe el trámite parlamentario".
Por su parte el coordinador del Área Pública de CCOO, Antonio Cabrera, ha señalado su disconformidad con la subida anunciada por el Gobierno y ha recordado que las comunidades autónomas ya tenían provisionada la partida, por lo que la revisión salarial se hará efectiva una vez se aprueben los presupuestos y de forma retroactiva.
Respecto al plan de regularización de personal temporal firmado este miércoles por Hacienda y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que supondrá la consolidación de 250.000 plazas ocupadas por interinos, Cabrera ha considerado que es "aún insuficiente, aunque importante en sectores como la educación, la seguridad y la justicia". "Ahora queda una parte importante, el desarrollo posterior al acuerdo", porque cada comunidad autónoma es responsable de convocar sus plazas, ha dicho.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha mostrado también su discrepancia en materia de salario, porque "no es serio" teniendo en cuenta la propia previsión de inflación del Gobierno, condenando el discurso de superación de la crisis y agradecimiento a los empleados públicos.
"Hemos ofrecido al Gobierno un pacto de Legislatura en materia salarial y de recuperación del poder adquisitivo" que no ha sido posible porque la postura del Gobierno no era fiable. El secretario general de ELA Servicios Públicos, Igor Izaguirre, ha considerado que esta mesa "es una muestra de la política de imposición de Gobierno, inutilidad de diálogo social vacío de contenido y necesidad de movilización social".
EFE
