La vicepresidenta española en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, evito pronunciarse acerca de la petición de muchos de los dirigentes del PP sobre el caso Barberá este viernes para que la exalcaldesa abandone su escaño en el Senado.
Dailyn Sánchez/El Político
"Desde el Gobierno no tenemos posición sobre personas que están siendo investigadas. La separación de poderes es importante", aseguró Sáenz.
La vicepresidenta sí ha insistido en que Barberá debe ser investigada por el Supremo por presunto blanqueo. "Ya no es afiliada del PP"; esta es una expresión que ha repetido tantas veces como le han preguntado por la senadora en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La titularidad del escaño no corresponde a los partidos políticos", agregó.
Ante la propuesta planteada también por el PP de Valencia de modificar la ley para poder sustituir a trabajadores de cargos públicos en este tipo de casos, Sáenz de Santamaría mencionó que ese tipo de medidas "hay que analizarlas bien y en un contexto más amplio (…) ¿Cómo casa defender las listas abiertas con que la titularidad del escaño sea del partido político?", exhortó.
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Sáenz insistió en que la corrupción "es un problema del conjunto del sistema" y que merece "una respuesta compartida, no echarse en cara unos a otros" los escándalos. "Como dice el refrán, días de mucho, vísperas de nada. A veces uno habla demasiado y otro día tiene que callar bastante", agregó, refiriéndose al cruce de críticas entre el PP y el PSOE por el caso Barberá, Bárcenas, o el Taula, y la petición de la fiscalía de seis años de cárcel para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y 10 de inhabilitación para José Manuel Chaves por el caso de los ERE.
La número dos del Ejecutivo ha asegurado que no pierde "la esperanza" de que haya Gobierno, pero admitió que ante el bloqueo político es inevitable prorrogar los presupuestos. Por tal motivo, encomendó un informe jurídico para analizar qué puede hacer y qué no un Ejecutivo en funciones.
"No hay precedentes y tendremos que buscar soluciones legislativas o administrativas para causar los menos daños posibles. La legislación actual es muy parca", comentó Sáenz.
Con información de El País
