El Gobierno griego consiguió este martes que el Parlamento aprobara una ley con la que Grecia completa tres de los quince requisitos pendientes de la primera evaluación del tercer rescate, pactados con los acreedores, de cuya implementación depende el desembolso de un tramo de 2.800 millones de euros.
La coalición gubernamental del partido izquierdista Syriza y del nacionalista Griegos Independientes (ANEL) consiguió con 152 votos a favor -de los 300 diputados que componen la Cámara- imponerse a la oposición, encabezada por la fuerza conservadora Nueva Democracia, que reunió 141.
En esta ley se contempla el traslado al nuevo fondo de privatizaciones de seis organismos públicos -entre ellos la compañía de metro de Atenas y la de gestión de aguas de Atenas y de Salónica- así como la ordenación del sistema de cotizaciones a la seguridad social y la armonización del mercado de energía con el modelo europeo.
El traslado de las compañías de gestión de aguas al fondo es un tema muy sensible para Syriza, pues este partido protagonizó durante los últimos años movilizaciones contra la privatización de dichas empresas.
Mientras en el Parlamento se debatía la ley, centenares de personas se manifestaban en Atenas contra las "privatizaciones de organismos públicos" convocadas por el sindicato de funcionarios ADEDY.
LEA TAMBIÉN: FMI pide a Grecia recortes en pensiones
En Salónica, un grupo de empleados de la compañía de gestión de aguas de la ciudad cortó el suministro a la oficina local de Syriza.
Con la aprobación de estos tres requisitos al Gobierno heleno le quedan ocho flecos pendientes que no necesitan la aprobación del Parlamento y que el mismo Ejecutivo considera estarán implementados antes del 29 de septiembre, día en que se reúne el Grupo de Trabajo del Eurogrupo.
Hasta ahora, el Gobierno de Atenas ya había cumplido cuatro requisitos: el nombramiento de la ejecutiva de la autoridad de ingresos públicos, la privatización parcial de las filiales de la empresa pública de electricidad, la aprobación parlamentaria de la privatización del antiguo aeropuerto de Hellinikón y la composición del consejo de supervisión del nuevo fondo de privatizaciones, uno de los temas más espinosos.
La nueva junta directiva de este fondo estará compuesta por tres griegos y dos extranjeros, entre ellos el español David Vegara, exmiembro del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y ex secretario de Estado de economía de España.
Entre los requisitos pendientes quedan la apertura del concurso para la concesión de la construcción de la autopista Egnatía (en el norte del país), cambios en el funcionamiento de la aviación civil, el nombramiento de nuevas direcciones en los bancos sistémicos o el traslado de funcionarios a la autoridad de ingresos públicos, así como el avance de varias privatizaciones.
Varios analistas estiman que si no se cumplen la totalidad de los requisitos para el 29 de septiembre es posible que el tramo de 2.800 millones de euros se divida en dos subtramos de 1.700 y 1.100 millones.
En este caso, especulan, el Gobierno destinará inmediatamente el subtramo de 1.700 millones a devolver deudas de Estado con sus proveedores, mientras los otros 1.100 millones quedarían pendientes hasta que se cumplan la totalidad de requisitos.
Con información de EFE
