El Gobierno mexicano y representantes de los sectores productivos presentaron hoy un acuerdo que pretende frenar los temores de las familias desencadenados por el aumento del precio de las gasolinas, así como proporcionar "estabilidad a la economía", en medio de las intensas protestas que vive el país.
El convenio firmado en la residencia presidencial de Los Pinos "responde a las preocupaciones de las jefas y los jefes de familia" de que haya "un aumento injustificado de los precios de otros bienes y servicios" después del incremento aplicado a los combustibles el pasado 1 de enero.
Ante el descontento ciudadano por el aumento de entre el 14 % y el 20 % según el tipo de combustible, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que esta es una acción encaminada a frenar los temores de las familias de que se encarezca la canasta básica, que suban los precios del transporte público o que se recorten programas sociales.
"Para responder a estas inquietudes, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un aumento indiscriminado de los precios", aseveró.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, detalló que el acuerdo se estructura con cuatro ejes.
El primero de ellos pretende "cuidar y proteger la economía familiar", a través de acciones para lograr la estabilidad de los precios y con las que se trabajará en las "políticas de crédito, aranceles y subsidios", afirmó Meade.
Asimismo, a estas se añadirán esfuerzos para la mejora del transporte público, la inclusión laboral y las prestaciones sociales, entre otros aspectos.
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Además se ha "identificado la posibilidad de una capitalización adicional de 18.000 millones de pesos (842,3 millones de dólares), que habrán de detonar y acompañar los esfuerzos de crédito desde la banca de desarrollo", abundó el secretario.
En segundo lugar, el Gobierno fortalecerá la protección del empleo y fomentará las inversiones a través de estrategias como las "importantes obras" públicas que, sin estar "sujetas a incertidumbre", serán clave para el desarrollo del país.
Meade resaltó la necesidad de tomar medidas "preservando la estabilidad económica", directriz en la que se basa el tercer eje y que acompaña al cuarto, que aspira a fomentar "la cultura de la legalidad y el Estado de derecho en el marco del ejercicio austero del servicio".
Dentro de estos últimos puntos se engloba el control de la deuda pública y del gasto, para lo que el Ejecutivo ha anunciado el recorte del 10 % en la partida de sueldos y salarios para altos funcionarios, así como su compromiso para "hacer públicos todos los procesos de contratación abiertos y licitación", recordó.
A esto se le suma el recorte de 190.000 millones de pesos (8.862 millones de dólares) en el presupuesto de este año.
Peña Nieto aseguró que, de no haberse producido el ajuste a los precios de los combustibles, "se hubiese puesto en riesgo el gasto destinado a programas de orden social y acciones dirigidas a las clases sociales más vulnerables y necesitadas".
Este incremento es una medida que antecede a la liberalización de precios que el sector experimentará este año, y ha generado fuertes protestas, actos vandálicos y saqueos en toda la nación.
Con información de EFE
