Cuando se cumplen dos años desde que un gran terremoto sacudió Nepal, destruyó más de medio millón de hogares y causó daños en otro cuarto de millón más, el gobierno sigue fallando a los supervivientes marginados, y al hacerlo infringe tanto la Constitución como el derecho internacional de los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Lea también: Francia acusa a Bashar al Asad de ataque químico a Siria
Azotadas por las lluvias durante dos temporadas de monzón, y tiritando de frío durante dos inviernos, miles de personas que sobrevivieron al terremoto se ven obligadas, a causa de los retrasos en la reconstrucción y la manera en que ésta se está llevando a cabo, a consumirse en refugios temporales fabricados principalmente con planchas de zinc y lonas, tras haberse roto la promesa de que sus casas serían reconstruidas.
Decenas de miles de personas, cuyas casas destruidas se levantaban en tierras que no les pertenecían, se han visto excluidas del programa de reconstrucción. Para recibir una subvención gubernamental para la reconstrucción, los supervivientes del terremoto deben mostrar documentos de propiedad de la tierra. Al no poder demostrar que son propietarios de la tierra en la que vivían cuando les azotó el terremoto, o al no conseguir que sus arrendadores reconozcan formalmente su residencia, a estas personas se les ha negado la ayuda para reconstruir sus casas.
Los programas de reconstrucción del gobierno nepalí han fallado a los supervivientes más desfavorecidos del terremoto.
El informe, “Building Inequality”: The Failure of the Nepali government to Protect the Marginalised in Post-Earthquake Reconstruction Efforts, se basa en la investigación llevada a cabo durante más de un año y en dos amplias visitas sobre el terreno al distrito de Dolakha, una de las zonas más afectadas por el terremoto. El equipo entrevistó a más de 250 supervivientes, autoridades gubernamentales, agencias de donantes y ONG que trabajan en las zonas afectadas.
“Los programas de reconstrucción del gobierno nepalí han fallado a los supervivientes más desfavorecidos del terremoto. Al hacer caso omiso de las históricas relaciones informales que estas comunidades tienen con la tierra en Nepal, el gobierno ha reforzado su marginación mediante un programa de reconstrucción que niega a las personas sin tierras su derecho a una vivienda adecuada”, ha manifestado Aura Freeman, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Nepal.
La Constitución nepalí de 2015 deja claras las obligaciones del gobierno. Su artículo 27 dice: “1) Todo ciudadano tendrá derecho a una vivienda adecuada”. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que Nepal debe cumplir, el gobierno nepalí debe garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, otorgando consideración prioritaria a los grupos desfavorecidos. El informe de Amnistía Internacional expone con detalle cómo el gobierno nepalí está incumpliendo estas obligaciones.
Para seguir leyendo en Amnistía Internacional
