El gobierno llegó a un acuerdo con la Asociación de Magistrados en el conflicto que se arrastra desde 2011 por incrementos salariales, y ahora espera continuar el diálogo con fiscales, defensores de oficio, actuarios y funcionarios del Poder Judicial para cumplir con la sentencia y poner punto final al diferendo.
Según quedó dispuesto en las últimas horas, el Poder Ejecutivo se hace cargo de pagar el incremento reclamado desde diciembre de 2012, cuando los funcionarios judiciales presentaron un recurso de inconstitucionalidad, y se extiende hasta diciembre de 2016. Además, se otorga un aumento retroactivo de 10% (descontando adelantos), y otro de 6,4%, el cual se hará efectivo entre enero de 2017 y 2018 (el primero 3,4% y el segundo 3%).
Los pagos retroactivos serán pagados a los magistrados en tres anualidades, y significan un desembolso de US$ 9,5 millones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. El incremento salarial para los jueces, en tanto, significa un aumento de gasto corriente de US$ 2,5 millones. Para que quede efectivo el acuerdo el gobierno debe enviar al Parlamento un proyecto de ley que otorgue los recursos al Poder Judicial, y por su parte la Asociación de Magistrados debe reunir la firma de 80% de los jueces donde expresen conformidad.
"Este es un paso muy importante porque comienza a solucionar un conflicto que tendía involucrado a los tres poderes del Estado. Ha servicio mucho el camino del diálogo, y esperamos que con los otros colectivos se pueda avanzar. El Poder Ejecutivo está dispuesto a dialogar", dijo a El Observador el viceministro de Economía, Pablo Ferreri.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, dijo a El Observador que las firmas de los jueces para cumplir con el acuerdo ya se están recabando a buen ritmo. El dirigente aseguró que el arreglo cubre con todas las reclamaciones pendientes, y en lo que refiere a los jueces pone punto final al conflicto.
Todo se desencadenó luego de que el Poder Ejecutivo resolviera en 2010 en la ley de presupuesto incrementar los salarios de los ministros de Estado. Como los ministros de la Suprema Corte de Justicia están equiparados a los ministros de Estado, esa ley generó incrementos de forma indirecta en los sueldos del Poder Judicial. A su vez, los salarios de jueces y funcionarios judiciales se basan en el incremento de los ministros de la Corte por otra norma que establece que percibirán el mismo porcentaje de aumento. El gobierno intentó impedir la concreción de ese aumento con dos leyes, pero fueron declaradas inconstitucionales.
Con información de El Observador
