El Poder Ejecutivo uruguayo remitirá en pocas semanas al Parlamento el polémico proyecto de ley que reforma el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA) –conocido como Caja Militar–, y que es resistido desde buena parte de la oposición.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo ayer que su cartera está trabajando en colaboración los ministerios de Economía y Defensa para darle el toque final a la iniciativa del gobierno.
La nueva propuesta del Ejecutivo llegará luego de un año en el que el oficialismo se propuso votar la reforma del régimen de jubilaciones y pensiones para los militares pero encontró escollos para llevarlo a cabo.
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La iniciativa del Ministerio de Economía tiene la intención de reducir el déficit de la Caja Militar, que arroja pérdidas anuales de US$ 450 millones, a través de un conjunto de acciones concretas. Se busca, por ejemplo, desestimular el retiro de los militares –mayormente del personal superior- que alentados por el régimen jubilatorio les permite, según el rango, irse de los cuarteles con 20 años de servicio y con menos de 50 años de vida.
Además, cada año de trabajo en el exterior de los uniformados se les computa doble, cobran como jubilación el 100% de su sueldo, reciben aguinaldo y, cuando mueren, buena parte del cobro de sus haberes es heredado por su familia. También pueden jubilarse con un grado mayor al que ostentan en el momento de su retiro.
Sin embargo, la reforma resultó más difícil de lo pensado. El gobierno se encontró con la reacción de los militares y con la pérdida del voto 50 del diputado Gonzalo Mujica, quien dijo que no votará el proyecto tal como había sido diseñado.
En octubre, los militares retirados advirtieron que tenían previsto un centenar de recursos de inconstitucionalidad y acciones por "daños y prejuicios". Un año antes, el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, había hecho circular en filas del Ejército un escrito en el calificaba de "inaceptable" dicha reforma, dijeron fuentes castrenses a El Observador en julio de 2016.
Por su parte, el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, dijo en entrevista con El Observador en agosto pasado que una "solución fácil y rápida" para la reforma de la Caja Militar puede generarle un daño institucional importante a las Fuerzas Armadas. Alonso señaló que había "incertidumbre" en su fuerza.
Las Fuerzas Armadas reclaman que la reforma no se aplique a quienes están en servicio, sino a aquellos que ingresen a las fuerzas a partir de la aprobación de la nueva reglamentación. También piden que no se recorten los beneficios a quienes pasan a retiro por haber alcanzado el máximo de edad posible para desempeñar su función. De esta manera, se busca reconocer a quienes alcanzan el retiro obligatorio y cumplen con su servicio hasta el último día.
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Estos dos puntos aparecen en un documento preparado por las FFAA y que el ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, llevó a la mesa de negociación que el año pasado se desarrolló en el ámbito de Presidencia de la República.
Se estima en unos 23 mil los militares que revisten en las Fuerzas Armadas. Los uniformados que perciben jubilaciones rondan los 49 mil. Los generales pasan a retiro obligatorio al cumplir 60 años, los coroneles a los 55 años, los tenientes coroneles a los 52 años y los mayores a los 48 años.
Dentro del personal subalterno, los suboficiales mayores se jubilan a los 55 años, los sargentos primero a los 52 años, los sargentos a los 50 años, los cabos de primera a los 48 años, los cabos de segunda a los 46 años; los soldados a los 45 años y los soldados de segunda a los 40 años.
Con información de: El Observador
